Es inminente la aprobación de la reforma de la ley de quiebras, que el kirchnerismo exhibe como una solución demorada para los problemas que padecen las recuperadas y hasta una reafirmación del rumbo “nacional y popular”.

Pero lo cierto es que la reforma mantiene en pie la estructura de la vieja Ley de Quiebras, que tiene por eje el interés de los acreedores. La nueva ley mantiene una reforma introducida por Cavallo, la figura del “cram down”, que facilita a los acreedores obtener la transferencia de la empresa. Por ésta, los fondos de inversión se adueñan de las industrias hasta su reventa. Los “nacionales y populares” han asumido como propia la reforma ultraliberal de los noventa.

Si los trabajadores organizados en forma cooperativa pretenden autogestionar la empresa, deberán competir como un ‘cramdista’ más, pero desde su absoluta inferioridad de condiciones. La cooperativa, en caso de quedar como única oferente, deberá comprar la empresa a valores de mercado -y no, como corresponde, en moneda de quiebra, es decir al valor devaluado de la empresa en bancarrota. La valuación de las acciones que establece la reforma “estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas o estudios de auditoria con más de diez años de antigüedad”.

En caso de que fracase el ‘cram down’ y se decrete la quiebra, la continuidad de la empresa no es automática, como tampoco lo es su entrega a los trabajadores. El “proyecto de explotación” cooperativo deberá probar que es “económicamente viable” (sin apoyo alguno), porque se trata de privilegiar el pago de las deudas a los acreedores. La cooperativa, en el concurso, no es más que una suerte de administrador judicial de la quiebra. Los acreedores hipotecarios y prendarios conservan la facultad de ejecutar (vender) por separado los inmuebles, maquinarias y mercadería que están como garantía de sus acreencias. La nueva ley se ha circunscripto a autorizar al juez a estirar los plazos a un máximo de dos años.

Concluido este régimen transitorio, el juez debe proceder a la venta del establecimiento. Los trabajadores gozan de una prioridad, pero deben comprarla en función de “su valor probable de realización en el mercado”. El punto de partida de esta transacción es el canje (pérdida) de las indemnizaciones y créditos laborales por acciones o cuotas parte del capital social de la cooperativa y los pagos para cancelar la deuda restante.

Se proclama, también, como un avance de la existencia de un “comité de control”, pero no se dice que este organismo es consultivo, que carece de la facultad de veto y que los trabajadores son minoría.

Sintetizando: estamos en presencia de una ley que no soluciona, sino que prolonga y agrava los graves problemas que enfrentan las recuperadas. Es un retroceso respecto a las leyes de expropiación existentes, que el kirchnerismo está dejando deliberadamente caer -en complicidad con el macrismo en el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires. Además de soltarle la mano a Massuh, Mahle y Paraná Metal, el gobierno anunció, por intermedio del Ministerio de Trabajo, su decisión de cortar los Repro (subsidios de 600 pesos) a favor de las recuperadas (ver nota adjunta). Los K se preparan para hacer frente a la nueva ronda de derrumbe capitalista.

Lo aquí expuesto no ha sido obstáculo para que distintos nucleamientos que agrupan diversas cooperativas, las que rivalizan entre sí por su obsecuencia y su integración a la gestión del Estado, se hayan apresurado a saludar la nueva ley y hasta se jacten de ser los padres de la criatura -como La Cámpora y los transversales, hasta Proyecto Sur. Les tiene sin cuidado que el proyecto haya sido aprobado, por unanimidad, con los votos de la derecha.

Planteamos: apertura de las cuentas y control obrero de toda fábrica ante el menor síntoma de vaciamiento; expropiación definitiva de las empresas recuperadas y su entrega gratuita a los trabajadores; fondo especial para asegurar un sueldo de convenio y de reequipamiento y reconversión de la empresa en función de un plan de integral de industrialización y transformación social del país dirigido por los trabajadores.