Sindicales

2/7/2023

La Nueva Litoraleña y la persecución judicial

¡No al desalojo!

Trabajadores de La Nueva Litoraleña

La justicia que en 2015 se mantuvo indiferente ante la quiebra de la empresa La Litoraleña es la misma que este año ratificó el desalojo de la cooperativa La Nueva Litoraleña, apelado en 2020, concediendo a los trabajadores una prórroga que finaliza a mitad de julio, en los próximos días. El dato no es casual. En 2015, los proveedores eran los acreedores a los que más se les debía, los clientes habían dejado de comprar por el deterioro de la calidad de los productos, los sueldos llevaban un retraso de entre dos y diez semanas: la marca se había visto degradada en todos los aspectos de la producción. Los empleados decidieron entonces la toma, se asesoraron acerca de cómo gestionar el emprendimiento y descubrieron que el trabajo del patrón podían realizarlo entre todos. Esto dio como resultado algo más: desde que la empresa está en manos de sus trabajadores no solo todos cobran igual, además se redujeron a cero los accidentes de trabajo.

Pese a todo esto, o quizás sea mejor decir: por todo esto, la justicia consideró que los trabajadores de La Nueva Litoraleña, marca actual de la empresa, no son aptos para realizar y gestionar el trabajo. La historia, en cambio, demuestra que recuperaron la calidad de algo tan central en lo cotidiano como la comida y lograron con esfuerzo cierta estabilidad en medio de una economía caótica. Esa misma justicia tampoco se preocupó por la desinversión empresarial, las cargas sociales impagas, las maquinarias sin reparar o la especulación financiera que nos está dado presumir detrás de los sueldos atrasados. Por el contrario, luego de que en 2015 contactaran a Facta, la federación argentina de cooperativas, y de que ese contacto les permitiera tomar la fábrica y ponerla a producir, y luego también de la odisea que significó recuperar a los proveedores y a los clientes, Luis Baini, presidente de la cooperativa entonces y ahora, estuvo denunciado por usurpación. Fabián Pierucci, trabajador de la cooperativa, se puso al hombro con otros compañeros la tarea de aprender a gestionar el emprendimiento, y actualmente las decisiones las toman en asamblea entre los casi cincuenta empleados.

La marca La Nueva Litoraleña, que constituyeron en 2016, estuvo observada hasta el año pasado. El fallo de 2020 que ordenaba el desalojo fue ratificado no casualmente este año, en medio de muchos créditos laborales, contratos y compromisos comerciales que la cooperativa tiene que cumplir. Los trabajadores presentaron, además, en la legislatura porteña, una ley de expropiación que corre el riesgo de no salir o, en caso de salir, el de ser vetada inmediatamente. Descreen, y con razón, del poder judicial. Saben que se necesita un giro político para frenar al menos el desalojo, que significa perder medio centenar de puestos de trabajo, una empresa saneada ya sin más deudas y con una importante cartera de clientes. Saben que, además, hay que combatir la precarización del trabajo que parte del mismo Estado. Los escucho y sé que los persiguen por todo lo que lograron. Porque descubrieron que, pese a las diferencias que puedan tener tantas personas que trabajan juntas, aprendieron a no depender de un patrón, a hacer un trabajo de calidad en algo tan importante como la comida, a plantarse en pie de igualdad entre compañeros. Y que eso, exactamente eso, es lo que quienes los persiguen no pueden tolerar. Por eso hay que defender a La Nueva Litoraleña del desalojo.

Por ellos y por lo que representan es que tenemos que salir a la calle cuando sea necesario.

 

 

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