Aunque en gran parte de las industrias los protocolos de seguridad no se cumplen o directamente no existen, la excusa de su implementación permitió a las patronales imponer de hecho profundos cambios en los métodos de trabajo. La “nueva normalidad” por la que pugnan ahora apunta a incorporar, de manera permanente, ese desordenado avance flexibilizador.

El banco de horas y la posibilidad de fraccionar vacaciones, que la Cámara de Comercio incluyó en sus “propuestas para la recuperación argentina”, se suman a otros planteos, como la eliminación de las indemnizaciones por despidos y su reemplazo por un “seguro de desempleo” a cargo del Estado -defendido por la UIA- o por un sistema similar al que rige en la Uocra, consistente en una cuenta donde el empleador aporta por mes un porcentaje menor al de la fórmula general.

Según Roberto Lavagna, autor del plan “Pilares de un programa de crecimiento con inclusión”, sería un mecanismo “rápido” para incluir a los desocupados y subempleados en la producción.

Cesión temporaria de personal

Otra forma, menos difundida pero más brutal, de flexibilizar la utilización de la fuerza de trabajo son los “convenios de cesión temporal de personal” entre empresas. Hace unos meses, la Cámara de la Industria Argentina del Software suscribió, con aval de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, un acuerdo con McDonald’s para licenciar por seis meses sin goce de salarios a 150 trabajadores y transferirlos a Mercado Libre.

Un convenio similar acordó Unilever con General Motors, para incorporar de forma temporal parte de la nómina de la planta que la automotriz tiene en Villa Gobernador Gálvez. En palabras de la patronal, la modalidad es “innovadora y disruptiva”, porque permite “impulsar empleabilidad de alto valor agregado para todas las partes”.

Lo disruptivo es que arrasa con la Ley de Contrato de Trabajo (que solo prevé cesiones definitivas, sin alterar el marco convencional). Se trata de una especie de macro-multifunción; los cambios de tareas ya no serían al interior de una empresa sino entre diversas empresas de convenios tan disímiles como el de la alimentación y el automotriz.

Y más aún, los “traslados temporarios” por causas excepcionales podrían convertirse en “rotaciones constantes” de una misma masa de trabajadores (no hay creación de empleo) de difícil encuadramiento y mucho más difícil organización sindical, que impondría dos tipos de relaciones laborales en cada actividad y empresa al mismo tiempo.

Nada nuevo bajo el sol

En realidad, estos planes no tienen nada de “innovadores”. La generalización de la libreta de fondo de desempleo que sugiere Lavagna, por ejemplo, no es otra cosa que el Fondo de Cese que figuraba en los proyectos de reforma laboral que circularon durante el macrismo.

Lo mismo vale para el Seguro de Desempleo de la UIA, la Renta Universal del ministro Daniel Arroyo o el Plan Humano de Desarrollo Integral de Juan Grabois: esencialmente son programas de “trabajos de pocas horas con salarios bajísimos y una cobertura social mínima”, similares al modelo alemán, que permitió su recuperación económica en los años noventa, basado en “políticas de activación de los desempleados” y “minicontratos”, lo que determinó que hoy un tercio de la población laboral alemana se debate en la precarización y total flexibilidad laboral.

La piedra angular del modelo alemán es la burocracia de los sindicatos, que articula y garantiza la paz social asentada en una suerte de “aristocracia obrera”. Ese es precisamente el rol que reclaman para sí los burócratas de la CGT y las CTA, solo que aquí son contados con los dedos de las manos los convenios que alcanzan la verdadera canasta familiar. Quienes ganan apenas por arriba de la línea de pobreza son alcanzados rápidamente por el impuesto al salario. Y Pablo Moyano acaba de ofrecer que ese impuesto financie un plan de precarización para desocupados, completando un círculo de adaptación a la descarga de la crisis capitalista sobre las espaldas agobiadas de nuestra clase obrera.

La invocación al “trabajo solidario”, la “sinergia” y la “adaptación tecnológica” en los planes que están en debate es el verso que encubre el salto en la precarización, que los capitalistas pretenden imponer a los trabajadores para compensar la quiebra económica de su régimen.