La semana pasada los obreros de la construcción (UOCRA) realizaron un paro de 24 horas y se movilizaron en reclamo de la reanudación de los servicios asistenciales de su obra social, hace tiempo paralizada por “falta de pago”.

La carencia de servicios médicos y de farmacia es un problema que se arrastra desde hace tiempo en varias regionales. Precisamente el 3 de marzo delegados y activistas ocuparon el edificio de la obra social exigiendo la renuncia de la intervención. Se dijo en esa oportunidad que existía una defraudación de 25 millones de australes. Entonces la intervención estaba encabezada por Carlos González Fernández, designado por el gobierno y estrechamente ligado a la conducción nacional de la UOCRA que dirige Alejo Farías.

Después que los ocupantes fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, el gobierno nombró un nuevo interventor en reemplazo del anterior, esta vez Carlos Ulbrich, y todo quedó como era entonces. Nadie habló más de la defraudación y el problema de la asistencia social a los trabajadores siguió sin resolverse hasta que se produjo una nueva explosión.

En distintas solicitadas, Rogelio Papagno (62), Benito Cendoya y cuatro integrantes del Consejo Directivo de la Conducción Nacional —Norberto Lozano, Raúl Maglioni, Víctor Grosso y Néstor Romero—acusaron al oficialismo de “complicidad y responsabilidad” en el problema de la obra social.

Es curioso como ahora, cuando se avecinan las elecciones en el gremio de la UOCRA, aparecen hablando los que durante varios años compartieron las traiciones a las huelgas de Piedrabuena, Yacyretá, Piedra del Águila, o fueron cómplices con su silencio de los manejos sucios, no sólo de las obras sociales, sino de todas las cuestiones que hacen a los intereses de los trabajadores.

Hoy, cuando éstos han logrado desplazar de las grandes obras a estos sectores de la burocracia, los Farías, los Papagnos, los Cendoyas procuran ganar espacio montándose sobre reclamos genuinos de los trabajadores, que ellos mismos contribuyeron para que se perdieran.

La obra social pertenece a los trabajadores y debe estar gobernada por los trabajadores, pero la burocracia siempre se ha opuesto a ello.

En este sentido somos partidarios de que la obra social esté administrada por una comisión elegida en asamblea de cada distrito, que actúe con independencia del sindicato.

Que esta comisión de trabajadores revise lo actuado por las dos intervenciones e informe al gremio.

Que exista un control bimestral de la administración de los fondos con publicación de entradas y salidas para que éstas puedan ser verificadas por el cuerpo de delegados.

Que esta comisión integre, con el secretario y subsecretario de asistencia social, un consejo permanente de administración de la obra social.

Los trabajadores deben tomar en sus manos no sólo el control, sino el destino de las obras sociales, evitando con ello toda dase de corruptela y de negociados espurios. Con esto además iremos dando los pasos necesarios para hacer realidad aquello de que la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores.