El Poder Ejecutivo insertó en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para 2018 dos artículos controversiales. En primer lugar, el artículo 89 establece la reducción del capital social del Banco Nación en 20 mil millones de pesos (un 25%), y la transferencia del mismo al Tesoro nacional, descapitalizando al banco. En segundo lugar, el artículo  90 cambia su carta orgánica, facultando al directorio a transferir anualmente al Tesoro nacional hasta el 20% de las utilidades. Esto significaría que las ganancias que en principio estaban pensadas para ser reinvertidas, pasarían a las cuentas del gobierno.

 

En esta coyuntura, Javier González Fraga, presidente del BNA busca tener un directorio que se adapte a su gestión. Así, promovió un recambio en la entidad con el ingreso a la vicepresidencia de Juan José Gómez Centurión (el ex carapintada y que negó que la dictadura haya llevado adelante un plan sistemático de desapariciones) y el desplazamiento de figuras que objetaban el plan de descapitalización.

 

En lo inmediato todo esto conduciría a la supresión de unidades de negocios. No sorprendería que desaparezca o se vea reducida la línea de créditos hipotecarios, eliminando una gran competencia para los bancos privados.

 

Por otro lado, este ajuste recaerá indudablemente en sus trabajadores. El Nación es el banco con mayor despliegue territorial, estando en lugares donde la banca privada no llega. Nada sorprendente sería que se quiera atacar la estabilidad de los trabajadores de las sucursales o unidades de negocio menos “rentables” en términos patronales.

 

La política de descapitalización del Banco se completa con el ataque sobre los trabajadores. El sector se encuentra en una fuerte avanzada de la flexibilización laboral.

 

En el Banco Provincia, la patronal quiere eliminar las categorías de manera unilateral. Crece en todos los bancos, privados y públicos, la polifuncionalidad; cada vez se ofrecen más retiros voluntarios y se incorporan tercerizados en todas las áreas del banco; disminuyen en desmedro de los trabajadores las medidas de seguridad, y no se respetan las remuneraciones variables, premios y licencias.

 

Es un anticipo de la reforma laboral anunciada por el gobierno.

 

En este cuadro de guerra contra los trabajadores, La Bancaria de Sergio Palazzo y la kirchnerista Corriente Federal de los Trabajadores mantienen una política de completa adaptación al triunvirato de la CGT, que participó de los anuncios oficiales y convalida la entrega de los derechos de los trabajadores.

 

Desde Tribuna Bancaria llamamos a los compañeros a organizarse en asambleas por sector y con mandato  y  movilizarse en defensa de los puestos de trabajo y por la plena vigencia del convenio colectivo 18/75, y contra la flexibilización laboral puesta en marcha.