Mediante una intensa campaña de denuncia y movilización, los trabajadores del pescado han instalado en la ciudad el reclamo del cese del fraude laboral que aún sufren más de 4.500 obreras y obreros de la industria.

Luego de marchas, ocupaciones de fábrica, paros activos y huelgas se ha conseguido la registración laboral (blanqueo) en ocho fábricas y que la Subsecretaría de Trabajo dicte el fraude y aplique infracciones a 27 plantas de pescado.

Hace más de dos meses el Ministerio de Trabajo ha dado curso al pedido de convocatoria a discusiones paritarias, solicitado por la cámara empresarial (Cipa).

El 27 de abril el Soip convocó a una Asamblea Extraordinaria para elegir su comisión paritaria. 700 trabajadores votaron una extensa lista de reclamos, entre los que se destacan una recomposición salarial del 50% y la efectivización de los más de 4.500 obreros, manteniendo las conquistas del Convenio Colectivo del ’75. También se designó una comisión de representantes paritarios.

Todas las resoluciones figuran en el acta suscripta por la veedora del Ministerio de Trabajo.

Transcurrido un mes y medio, no sólo no han comenzado las negociaciones convencionales, sino que se advierte la intención de desconocer el mandato de la Asamblea Extraordinaria para imponer otra comisión paritaria que sea funcional al objetivo de la cámara empresarial de liquidar el Convenio Colectivo del ’75 y continuar con el fraude laboral.

Esta dilación por parte del Ministerio de Trabajo es además funcional a la depredación que desde hace tiempo vienen ejecutando los empresarios del pescado, que vienen obligando a los trabajadores a procesar juveniles, para poder comercializar la captura realizada en zonas que deberían estar vedadas.

¿Del fraude laboral a la asociación ilícita?

Desde hace dos semanas varios integrantes de la comisión paritaria vienen sufriendo amenazas de muerte, apedreamiento de sus domicilios, “advertencias” telefónicas a sus hijos y esposas, y robos violentos.

Otros compañeros han denunciado un recrudecimiento de la persecución patronal tendiente a colocarlos fuera de la industria del pescado.

Aunque los canallas que llevan adelante esta campaña se amparan en la cobardía del anonimato, es inconfundible la usina política y financiera de esta campaña: son los mismos que desde hace 13 años someten a fraude laboral a 5.000 obreras y obreros del pescado.

La “mano de obra” que se utiliza para esta tarea sucia seguramente es la misma banda de delincuentes comunes que trató de impedir el normal funcionamiento de la asamblea extraordinaria del 27 de abril.

Ante estos graves hechos debe quedar muy claro que si la mafia patronal-burocrática no pudo impedir en el pasado la organización y la lucha de los obreros del pescado y la recuperación del Soip, la vuelta a los procedimientos mafiosos sólo logrará profundizar los métodos de acción directa por parte de todo el gremio del pescado.

El Ministerio de Trabajo tiene sobre sus espaldas toda la responsabilidad para destrabar o repudrir las negociaciones obrero-patronales, en una industria reactivada por la devaluación.

Si continúa avalando con su dilación o injerencia la continuidad del fraude laboral y el accionar de mafias a sueldo de la patronal, será el promotor de un estallido social en el puerto de Mar del Plata, en demanda del cese del fraude laboral y la disolución de las bandas para-patronales.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales hermanas y a todas las organizaciones populares a pronunciarse públicamente en solidaridad con las familias amenazadas de las obreras y obreros del pescado, exigiendo el cese del accionar de las bandas para-patronales.

Llamamos a todas las organizaciones obreras a reclamar el inmediato inicio de las discusiones paritarias y el reconocimiento de la comisión electa en asamblea por los obreros del pescado.