El 30 de diciembre, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, evitó “hablar de la paritaria docente que debería convocar en los próximos días”, de acuerdo a las expectativas y pedidos de los sindicatos, “pero advirtió que la situación fiscal del país es grave” (Letra P 30/12). De esta manera salió al cruce del pedido de la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, de reunir lo más rápido posible a esa instancia, cuya restauración había sido anunciada el 19 de diciembre, con bombos y platillos, en la primera reunión del Consejo Federal de Educación bajo la actual gestión peronista.

Trotta, sin embargo, no dio lugar a dudas. Al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar un 30% el sueldo docente, respondió “no es tiempo para hablar de números” (ídem).

Cuatro días después, el gobierno anunció un bono de apenas $3.320 en dos cuotas, a cuenta de futuros aumentos, del que específicamente excluyó a los estatales y docentes, además del personal doméstico, los obreros rurales y todos los trabajadores en negro. La versiones del pasado fin de semana aseveran que ahora el bono alcanzaría a los empleados públicos, en dos cuotas sucesivas en febrero y marzo (Crónica 5/1). La percepción del escaso bono, en tal caso, será un argumento de la burocracia y el gobierno, para condicionar la paritaria docente.

En el altar del superávit fiscal

La paritaria nacional docente involucra a más de un millón de trabajadores de la educación, pero es vinculante, por su envergadura, para otros 260.453 trabajadores no docentes que están en las escuelas (según censo 2014), y por extensión para toda la administración pública.

En la medida que el gasto nacional en educación está abocado mayoritariamente a la educación superior (60%), y a partidas menores del área de cultura; y que el gasto de la gestión y operación de las escuelas se concentra en las provincias -mayoritariamente en sueldos; el ajuste contra los salarios docentes es una pieza clave en el actual operativo de Alberto Fernández, de los gobernadores y de los intendentes, para alcanzar el “ordenamiento fiscal” que permita honrar la deuda con el FMI y los bonistas. Sólo en la provincia de Buenos Aires, el gasto en educación ronda el 38% de su presupuesto.

La postergación del devaluado bono para los trabajadores públicos es el primer paso de una paritaria nacional que se adecuará a “la grave situación fiscal” que enarboló el ministro de Educación, y que tiene como principal fin establecer un piso salarial acorde al de las provincias con mayores dificultades económicas, y que actúe como techo para el conjunto del país. En la provincia de Buenos Aires, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, acaba de manifestar que sujetarán la convocatoria y el contenido de las paritarias al resultado de la ley impositiva que impulsa Kicillof y a los fondos que provengan desde la Nación.

La canasta familiar ha sido calculada para el mes de noviembre del pasado año en $60.000. Un docente de la provincia de Buenos Aires,  con máxima antigüedad, cobra de bolsillo $32.367; y sin antigüedad $23.923. La herencia salarial, que la dirección sindical yaskysta avaló, los ubica entre $5.229 y más de $12.000, respectivamente, por debajo de la canasta de pobreza, que en noviembre alcanzaba los $37.596,  sin contar el alquiler.

Las declaraciones del flamante ministro de Educación condenan a la docencia a estos salarios de pobreza, lo que no impidió que la burocracia sindical docente ya diera su compromiso de que las clases empezarán el 2 de marzo.

Autonomía de Ctera del gobierno para defender nuestros salarios

Hugo Yasky salió a defender a muerte el bono de Alberto Fernández: “La suma fija que dará ahora el gobierno -había dicho- es un emparejamiento del poder adquisitivo de los salarios que quedaron más bajos, la misma concepción con la que se abordó la disparidad de ingresos con los jubilados en el principio del gobierno de Néstor Kirchner, ya que la idea es que cuando empiecen las paritarias haya menos disparidad” (Télam, 2/1).

El horizonte de la reparación salarial de la que hablan los Yasky, Alesso y Baradel, es llevar a la mayoría de la escala salarial al sueldo mínimo, así como el 60% de los trabajadores retirados son “los jubilados de la mínima”.

Desde Tribuna Docente defendemos un salario básico docente nacional unificado, sin sumas en negro, que cubra la canasta familiar, y el respeto a las categorías que establecen los estatutos docentes, actualizado por inflación. Ello exige la autonomía política de nuestros sindicatos, tarea fundamental que se abordará en el XII Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará los días 15 y 16 de febrero.

El congreso realizará una propuesta, a todo el sindicalismo multicolor y antiburocrático, de promover asambleas y plenarios de delegados con mandato para impulsar un plan de acción en defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores de la educación.