El 27 de enero arrancaron las reuniones de la Paritaria Nacional Docente, que el gobierno de Alberto Fernández convocó en los términos de la ley de Financiamiento Educativo, o sea, como Convenio Marco que fija “pautas generales sobre condiciones laborales, carrera, salario mínimo de las trabajadoras y trabajadores docentes, calendario educativo, entre otros aspectos”. 

Durante el gobierno anterior la paritaria se convocó sólo una vez. Utilizando la clausula que fijó el salario mínimo docente en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil, el macrismo eliminó el tema salarial de la mesa de discusión. Utilizó la ambigüedad de la propia ley para congelar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y eliminar gradualmente el Fondo Compensador, de “ayuda” a las provincias más pobres para llegar al mínimo garantizado. Todas cifras convenientemente en negro y que achatan la escala salarial, y no son cobrados por los jubilados. 

Es bueno recordar que esas reuniones con el entonces ministro Esteban Bullrich, de 2015-2016, fueron saludadas por las direcciones sindicales, luego de años de paritarias cerradas por decreto por el gobierno K. La firma de ese acuerdo le regaló al macrismo el inicio de clases sin conflicto en 2016 a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Sólo la oposición Multicolor convocó a un no inicio frente a Vidal, mientras la “resistencia con aguante” no pasaba de un slogan archivado. 

¿Cuál debe ser el pliego que deben llevan los gremios a esta nueva convocatoria?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que condicionan el debate salarial a una suma fija, probablemente por la vía del aumento del Incentivo Docente. El salario docente mínimo para el maestro de grado es de 20.250 pesos, cuando la canasta de pobreza ya supera los 39.000. El mínimo es lo que cobran casi todas las provincias del norte, aunque hay cargos que están por debajo de eso, dado que el salario garantizado es sólo para el maestro de grado, sin tener incidencia directa sobre todo el escalafón. 

Al no discutirse la composición interna del salario, los básicos pueden permanecer sin modificaciones. Docentes con varios años de antigüedad cobran lo mismo que el que recién se inicia, dado que no superan el “mínimo”. 

El achatamiento del escalafón se expresa en que la diferencia salarial entre el que inicia y el de máxima antigüedad en todo el país es del 30% en promedio y no del 100 al 125% (que es lo que se percibe por antigüedad, pero sólo sobre los básicos). 

Las direcciones de Ctera, Suteba y CTA dejaron trascender que aceptarían la suma fija; por supuesto sin mandato alguno de la docencia. 

El planteo elemental es un salario básico unificado nacional, que debería acercarse a la canasta básica para el cargo testigo, actualizado mensual y automáticamente por inflación y, desde allí, trasladarse al conjunto de la escala salarial. 

La nacionalización del sistema educativo es perentoria. La agudización del sometimiento al endeudamiento externo y de los sucesivos ajustes en los presupuestos provinciales reedita el vaciamiento de los sistemas educativos provinciales: en 2019 Chubut estuvo sin clases por cuatro meses; Chaco y Salta otro tanto. La lucha docente no es la que obstaculiza el funcionamiento del sistema educativo. Son los gobiernos los que agudizan su vaciamiento. 

En camino a la nacionalización es necesario defender los derechos laborales de la docencia y el Estatuto del Docente. Un planteo de arranque debería ser la exigencia de eliminar todas las cláusulas de presentismo que existen en el país, como el ignominioso ítem aula de Mendoza o la cláusula antihuelga de Santa Cruz, donde la asistencia perfecta se traduce en un puntaje extraordinario para el acceso a cargos. 

También la eliminación de las resoluciones que fijan topes arbitrarios y el despidos de cientos de docentes como en Santiago del Estero, o los cierres masivos de cursos y carreras, especialmente terciarios, en Jujuy. 

Otro tema ineludible es el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados por los gobiernos provinciales, y que están siendo burlados tanto en Tucumán y Santa Fe como en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo el pase a los derechos y estabilidad del Estatuto de los docentes precarizados, sean de programas socioeducativos, planes Fines, contexto de encierro, y cualquier otro en esa condición.

Nada de esto aparece en el planteo de la burocracia. 

Serán los temas de las asambleas y plenarios que impulsaremos en los sindicatos combativos y que reclamaremos sean convocadas en todos los gremios, junto a plenarios de delegados con mandato.

Y será también la agenda de debate y movilización del XII Congreso Nacional de Tribuna Docente, que sesionará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA los próximos 15 y 16 de febrero. Manos a la obra para convertir este ámbito de deliberación de la docencia combativa en un punto de referencia para la docencia y los estudiantes terciarios de todo el país.