El gobernador cordobés Martín Llaryora ha anunciado que su equipo de gobierno trabaja por estas horas en un proyecto de ley que busca medir la productividad de los empleados públicos. Según lo trascendido por los medios de comunicación el proyecto apunta hacia las áreas sociales, en particular salud y educación.

Bajo el argumento de lograr ‘más eficiencia del Estado’ buscan establecer un mecanismo para cuantificar el trabajo específico de cada empleado estatal, lo que sin lugar a dudas agravará las pésimas condiciones laborales, acentuando la persecución en los lugares de trabajo, la sobrecarga laboral y la extensión de las jornadas, a la par que aumentará la degradación de los servicios públicos.

Desde el Panal se afirma que la inversión del Estado en educación es importante, sin embargo esto no se traduce en la “eficiencia” del servicio. La perfidia es total. Durante los últimos 20 años de gobierno del PJ la educación pública se ha sostenido gracias al trabajo abnegado de la docencia, pese al sistemático desfinanciamiento educativo por parte del gobierno provincial, que contó con la entera complicidad de la burocracia sindical.

Sólo a modo de ejemplo, según un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes), durante el periodo 2016-2023 el presupuesto del Ministerio de Educación sufrió una merma del 11% en términos reales. El mismo informe destaca que en los últimos cinco años la paritaria docente ha presentado un saldo negativo del 10%. Este recorte sistemático ha llevado el desfinanciamiento educativo a niveles históricos.

En materia salarial la situación se agrava debido al contexto hiperinflacionario. En diciembre una maestra de grado que recién se inicia percibió $332.425,78, la mitad de la canasta familiar establecida por los trabajadores del Indec que al mes de diciembre alcanzó los $608.000; y $200.000 menos que la canasta Básica Total calculada por el Centro de Almaceneros Córdoba para el mismo mes en $556.025. Así las cosas, la educación pública es sostenida por docentes que perciben salarios de pobreza, obligados a completar sus ingresos duplicando la jornada laboral, dentro y fuera del ámbito educativo.

En lo que refiere a la infraestructura escolar, la situación es crítica. Un reciente informe realizado por la delegación Capital de Uepc expuso que el 80% de las escuelas relevadas presentan problemas serios de infraestructura con roturas y grietas en paredes y techos; el 14% directamente tiene aulas clausuradas por no contar con condiciones mínimas de seguridad edilicias; mientras que el 50% de los edificios educativos requieren de la construcción de aulas nuevas para responder al incremento en la matrícula. Sin embargo, de los 90 planes de obras iniciados por el gobierno provincial solo 19 se encuentran actualmente en ejecución.

No es de extrañar. Los fondos asignados a educación alcanzan apenas el 29% del presupuesto total de la provincia, seis puntos por debajo del mínimo establecido por la Ley Provincial de Educación. Con el agravante que la subejecución presupuestaria afecta particularmente a los programas destinados a refacción y mantenimiento de la infraestructura escolar. Sin ir más lejos, en 2023 de los 5 millones destinado al Programa Infraestructura Escolar solo se ejecutó el 10,23%; de los 3 millones previsto por la Ley 10.863 se ejecutó un 74%, y de los 3,5 destinados al Programa para la construcción de aulas nuevas en los establecimientos educativos, se ejecutó un 47%.

Con estos números, Córdoba se encuentra entre las seis provincias argentinas que menos invierten en educación, compartiendo el podio con Chaco, Jujuy, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.

Enfrentemos el plan motosierra de Llaryora

La bravuconada del gobernador Llaryora contra los trabajadores estatales encubre la pretensión de avanzar en un mayor desfinanciamiento de la educación, cercenando derechos de los trabajadores, y avanzar así en un progresivo achicamiento de la educación pública. Esta política ya tiene su concreción en el cierre de terciarios provinciales, y varios intentos de cierre de secciones y salas en la educación primaria e inicial, frenado parcialmente por la organización de la docencia.

Lejos de buscar la calidad y el mejoramiento del sistema educativo se pretende reducir a su mínima expresión la inversión del Estado en educación, salud y servicios sociales. Los más de 2.500 despidos ejecutados en la administración pública durante el mes de diciembre (todos concentrados en áreas sociales) dan cuenta de ello.

Con esta política, la educación pública de la provincia se ha colocado al fondo de la tabla entre los países de la región. Se produce entonces una transferencia de matrícula al sector privado que sí cuenta con un significativo aumento en la financiación estatal en los últimos años, acentuando así la elitización de la educación. De este modo grandes masas de niñas, niños y adolescentes inmersos en la más extrema pobreza son privados de una educación pública de calidad, quedando este derecho restringido a aquellos sectores que puedan solventar la educación privada.

Semejante descalabro educativo fue posible gracias a la integración de la burocracia celeste de Uepc al gobierno provincial, permitiendo durante años el avance de un sin número de ataques en materia salarial, laboral y jubilatoria. La respuesta al plan motosierra de Llaryora, más agresivo incluso que el ejecutado por el propio Milei, debe ser en las calles.

Desde Uepc Capital nos movilizamos hacia el paro del 24 de enero, levantando los reclamos de las escuelas contra el ajuste provincial y nacional. Es necesario preparar una gran columna independiente de las burocracias, junto a los sindicatos combativos y trabajadores ocupados y desocupados, forjando un gran frente único de lucha.

Esta será una primera parada clave para preparar el no inicio de clases, por el salario, las jubilaciones, las condiciones laborales, la infraestructura escolar, y el rechazo a cualquier reforma laboral provincial o nacional.

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