El 2019 comenzó en el Ministerio de Educación de la Nación con un intento por parte de Alejandro Finocchiaro de consumar 109 despidos. Para ello, se fue informando a distintos compañeros contratados que se les renovaría hasta marzo, preanunciando despidos en el corto plazo.

Los “motivos” que los directores comunicaban como justificación iban desde un supuesto incumplimiento horario hasta el inédito “exceso de licencias”, refiriéndose a trabajadores que habían hecho uso –para ellos desmedido- de licencias contempladas en el convenio colectivo. En un cuadro de relanzamiento de la reforma laboral, el gobierno pretende avanzar contra las conquistas en nuestro convenio. A su turno, enmarcaban los despidos en el plan de “dotaciones óptimas” que el gobierno viene llevando adelante para cumplimentar con la reducción del déficit exigida por el FMI.

Ante estos primeros anuncios, la respuesta no tardó en llegar. Asambleas sectoriales (motorizadas por las agrupaciones Naranja y Verde-Roja-Negra) rechazaron los despidos, exigieron a los funcionarios la renovación total, e incluso en algunas áreas se votó el cese de tareas (bajo la forma de asamblea permanente) hasta la reversión de todos los casos. Estas primeras acciones comulgaron luego en una asamblea general autoconvocada que contó con la presencia de 100 compañeros. Ninguna de las instancias contó con la participación de las juntas internas de ATE y UPCN.

Luego de algunos días atravesados por medidas de lucha, UPCN se ocupó de adjudicarse el triunfo de revertir la totalidad de los despidos, aunque haciéndose eco de los argumentos de la patronal sobre supuestos incumplimientos horarios. Horas más tarde, ATE también se adjudicó el triunfo, sin haber participado ni desenvuelto medidas de lucha, y hasta atacó a compañeros por haber participado de una entrevista en los medios.

La organización de los trabajadores y el recule del gobierno es la mejor preparación para las luchas en curso y las que se vendrán.