Las trabajadoras de casas particulares se han tenido que movilizar, pese a la pandemia, por la situación de despidos, maltratos y abusos laborales de todo tipo, que incluyen contagios de Covid-19 por la exposición patronal. Y su reclamo ha movido las aguas: la acción de las trabajadoras ha suscitado el interés de los medios, de las investigaciones y hasta la aparición de la mansa mesa de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal y de las asociaciones del sector.

La “mesa de cuidados” con la Iglesia que impulsa la Corriente Federal en la CGT

La mesa de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal, de orientación kirchnerista, emitió un texto que no sale del marco del pacto social que mantienen las centrales sindicales con el gobierno de Alberto Fernández, y en el que se despachan con unas líneas escuetas sobre el tema, encubriendo su propia responsabilidad como direcciones sindicales en el agravamiento de la situación de las trabajadoras.

El texto lleva la firma del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y Cuidadores de la Casa Común. Su propuesta concluyente es que se integre al Ministerio de Mujer, Género y Diversidad a una “mesa por el cuidado”. Sin embargo, desde febrero de este año Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio, impulsó la “Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados” que se proponía “revalorizar las tareas de cuidado”, pero no han impulsado ninguna política concreta en defensa de las trabajadoras del sector.

Peor aún. La mesa la integrarían entonces quienes forman parte del problema: sindicatos oficialistas, partes patronales como Sacra, el gobierno y la ONG clerical “cuidadores de la Casa Común”. El programa de esta última, que se puede ver en su página web, forma parte de la iniciativa de la pastoral social, cuyo presidente Monseñor Lugones es “el representante del quehacer político, religioso y social sobre distintos temas referidos a la carta encíclica que el Papa Francisco publicó hace cinco años”. De la mano de la Iglesia promueven la precarización más absoluta de las trabajadoras de programas sociales, para tareas de cuidado (Plan Potenciar), los convenios a la baja, la extensión del trabajo no registrado. La línea de alianza con la Iglesia, que cumple una función de contención social ante la situación social explosiva, ratifica la orientación del gobierno, del flamante Ministerio y de las centrales sindicales, de espaldas a las demandas de las mujeres.

En materia salarial no hay un planteo concreto, como así tampoco sobre el abuso laboral. En primer lugar, desde el Estado, el Ministerio de Trabajo, que ha estado encubriendo este agravamiento de la situación en un gremio con una informalidad que asciende casi al 70%, y que durante la pandemia posibilitó todo tipo de abusos laborales en el marco de una absoluta precarización. Tampoco refiere el texto a los despidos, las suspensiones, los ataques como el cambio de categoría de forma compulsiva, y menos aún a las presiones para concurrir expuestas al Covid bajo amenaza de despido.

Justamente los protocolos de bioseguridad e higiene son motivo de reclamo y movilización por parte de las trabajadoras de casas particulares en la provincia de Córdoba. Cuestión de vital importancia, toda vez que los gobiernos van habilitando la normalización de actividades por presión de los empresarios y las patronales, exponiendo al contagio a las compañeras y sus familias.

Recordemos que esa mesa de sindicalistas de la Corriente Federal de la CGT había sido de la partida en el mes de marzo, en la previa al 8M, de la reunión con el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, haciendo de “banda soporte” al gobierno de Fernández.

Está planteado impulsar los reclamos de las trabajadoras con independencia política de las direcciones sindicales que han pactado, junto a la UIA, las suspensiones con rebaja salarial del 25% para las y los trabajadores; han dejado pasar los despidos y el avance de hecho de la reforma laboral. El apoyo al pago de la deuda externa y al acuerdo con los bonistas y el FMI, por parte de las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal que invocan las justas demandas de las trabajadoras, las condiciona a la hora de defender a estas frente a la precarización, los ataques al salario y los puestos de trabajo.

Crecen las denuncias y los reclamos

Un informe actual de una de las doce asociaciones de este gremio, que emplea -acorde a la Encuesta Permanente de Hogares- aproximadamente a 1.500.000 trabajadoras en todo el país, da cuenta de lo que venimos denunciando en materia de despidos y suspensiones. Se calculan casi 400.000 en el período reciente, estando la mitad de las afectadas sin recibir salario alguno (UTDA, septiembre 2020) -el dato surge de proyectar los resultados de la encuesta realizada por medios digitales al conjunto del gremio.

En este punto es clara la responsabilidad del Estado, que es quien maneja la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares: no ha convocado a las partes a negociar el aumento salarial de 2020, ni tomado ninguna medida real de emergencia para el conjunto de las trabajadoras afectadas.

El restringido IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no llegó a la mayoría de las trabajadoras que se inscribieron masivamente para cobrarlo. De esta forma, han quedado sin ningún tipo de ingresos y presionadas por la necesidad para volver a trabajar en la mayor precarización y sin ningún tipo de protocolo o medidas para protegerse de los contagios.

En este escenario, se estám poniendo de pie en todo el país.

El impacto de las recientes acciones, aún acotadas, está reflejando la creciente miseria social y las demandas de las mujeres al frente de los hogares más pobres de la ciudad y del país. En las puertas del propio Ministerio de Trabajo, bajo la lluvia o el sol, las compañeras denunciaron con total claridad la precarización reinante, el maltrato laboral y la responsabilidad del Estado. El Ministerio les respondió que les dieron “poco tiempo”; las trabajadoras le contestaron que “han esperado muchos años”.

La Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, formada recientemente al calor de la emergencia y la necesidad de luchar por todos los reclamos, viene de realizar un Plenario Nacional y dos acciones con delegaciones presenciales. Acompañadas por las compañeras de la Coordinadora Sindical Clasista, y con el impulso del Plenario de Trabajadoras, entregaron allí los reclamos de emergencia para el sector: reincorporación de todas las despedidas; subsidio al parado de 30.000; registración laboral; aumento salarial de emergencia del 100%; basta de abuso y maltrato laboral, respeto de las categorías; por un protocolo de seguridad e higiene con garantías y recursos a cargo de empleadores.