Las declaraciones de Cristina Fernández respecto a la necesidad de “reformular el sistema sanitario”-combinado con la suspensión del 7% de aumento que había sido aprobado para la salud privada- alteró a la cúpula de la CGT y al conjunto de las burocracia sindical.

Los dirigentes gremiales manifestaron su preocupación ante la falta de datos concretos. Si bien no existe ninguna propuesta oficial aún, las cúpulas sindicales advierten sobre la pretensión del gobierno de avanzar sobre la caja de las obras sociales, uno de los botines más preciados. Debemos recordar que esa caja está compuesta a partir de los aportes de los trabajadores.

Independientemente del reclamo de la burocracia y las patronales privadas, nos resulta muy importante tomar nota de este anuncio y su objetivo de “racionalizar” los recursos sanitarios: un eufemismo muy utilizado generalmente para presentar cualquier tipo de ajuste.

Uno de los puntos sustanciales que trascendió de la reforma es la reducción del universo de obras sociales. “Un 5% presta servicios a más del 50% de los afiliados” (La Nación, 27/12/20). Además de la reducción de los servicios, la liquidación o absorción de las obras sociales más pequeñas “que generan gastos administrativos ineficientes” por las más grandes pone sobre la mesa la eventualidad de nuevos despidos masivos.

El congelamiento del aumento a los privados y las palabras de la vicepresidenta caen como un balde de agua helada, justo cuando las conducciones sindicales vienen sosteniendo intensas reuniones con el ejecutivo nacional para presionar por una mayor asistencia estatal que permita sortear la crisis de las obras sociales, agravada por la pandemia.

En 2020 las obras sociales recibieron del Estado casi $30.000 millones de pesos, $23.909 millones del Sistema Único de Reintegros (SUR) por tratamientos de alta complejidad (el doble que en 2019), y $5.283 millones para cubrir las caídas en las recaudaciones, todo proveniente del Fondo Solidario de Redistribución. Sin embargo, este desembolso pareciera no lograr sanear las cuentas en rojo de las obras sociales que, según las conducciones sindicales, afrontan mensualmente un déficit de $1.500 millones solo por cumplir la cobertura que exige el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Existe una privatización encubierta de las obras sociales por la vía de la contratación de las prepagas. Es por ello que el aumento de la medicina prepaga impacta no solo sobre la clase media que acudió a ella por el derrumbe del sistema público, sino también sobre las obras sociales por este proceso de “tercerización” y en particular sobre el Pami. Se impone la apertura de los libros de las prepagas.

Para superar la crisis La burocracia reclama varios puntos que considera esenciales: 1) que el Estado se haga cargo de los medicamentos más costosos; 2) y costee el 100% de algunos de los gastos por discapacidad y viáticos que deben afrontar las obras sociales; 3) recorte las prestaciones mínimas establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO); 4) que se aumente la cápita que pagan los monotributistas y la capitación-afiliación obligatoria de todo el grupo familiar; 5) creación de una “agencia nacional” para limitar la aplicación de tratamientos y drogas y contener los reclamos legales de los afiliados. Un paquete, tomado de conjunto, totalmente antiobrero.

El rumor de un posible desembarco de Gollán, hoy ministro de salud de Buenos Aires, en el ministerio de Nación agrega una preocupación a los popes sindicales. Gollán ha manifestado públicamente sus diferencias con la actual dirección de la central obrera en varias oportunidades. No es un dato menor, de cara a la elección de autoridades de la CGT. Las contradicciones del pacto social se profundizan a medida que avanza la crisis.

Impostura a dos bandas

El gobierno desde hace tiempo viene barajando la idea de “simplificar” el sistema eliminando las obras sociales más pequeñas, y que algunas sean absorbidas por las mayores, en mano de los principales cabezas de la CGT.

Pero esta orientación entra en tensión con una de las vías de cooptación y disciplinamiento oficial más efectivo sobre las burocracias por medio de la discrecional distribución de los fondos del SUR. El gobierno se encuentra en una encrucijada difícil de sortear, en momentos donde el pacto social se vuelve clave para contener a los trabajadores en el marco de la reestructuración de la deuda con el FMI y la profundización del ajuste (inflación en aumento, paritarias a la baja, recorte a jubilados, liberación de tarifas de todo tipo, modificaciones de precios máximos y cuidados)

Por su parte, los reclamos de la burocracia lejos están de orientarse hacia un sistema sanitario capaz de responder a la crisis sanitaria; de hecho a diario se multiplican las denuncias de afiliados y asociados por el cierre de diversas sedes de las obras sociales y recortes en las prestaciones en plena pandemia.

En busca de preservar su principal fuente de financiamiento, lanzan la extorsión de no “poder hacer frente a la segunda ola”, mientras refuerzan sus reclamos, que de abrirse paso significarían un nuevo mazazo al golpeado bolsillo de los trabajadores.

Lo que unos y otros encubren (gobierno y burocracia sindical) es que el desfinanciamiento de las obras sociales tiene como componente fundamental una política de Estado: la desvalorización de la fuerza de trabajo. El incremento de la desocupación, del trabajo informal, del trabajo en negro y de los importes parciales en negro en las remuneraciones, el congelamiento salarial y los salarios de pobreza de la inmensa mayoría de las escalas de convenio reducen de manera sustancial los recursos de las obras sociales. Las suspensiones con recortes salariales acordadas entre la CGT-UIA y el gobierno agravó el escenario de crisis, al igual que las paritarias a la baja.

Por otro lado, la orientación general del gobierno de subordinación al FMI, compromisos con el capital financiero y pago de la deuda chocan de bruces con la idea de resolver la crisis sanitaria en beneficio de las mayorías trabajadoras.

Una salida obrera a la crisis de las obras sociales

La crisis de las obras sociales es un golpe brutal a un sistema de salud al borde del colapso, en la medida que por sus instalaciones y su extensión territorial su cobertura alcanza a 14 millones de personas en todo el país.

Urge desarrollar un programa obrero capaz de poner a las obras sociales al frente de la batalla contra la pandemia. Este debe partir de la defensa del salario igual al costo de la canasta familiar -lo que aumentaría automática y sustancialmente los ingresos de las obras sociales-. y la apertura de los libros al conjunto de afiliados y asociados.

Junto con la centralización del sistema de salud, es clave que las obras sociales estén bajo control de sus afiliados, no de camarillas burocráticas que utilizan los fondos de los trabajadores como caja propia y manejan los centros de salud como las más negreras de las patronales. El PMO debe ser universal e integral y los aportes patronales ser aumentados hasta cubrir su costo. Todo ello en la perspectiva de un sistema único, integral, universal, estatal, gratuito de salud bajo gestión de los trabajadores.

La lucha por la recuperación de las obras sociales, en el marco de la defensa de la salud de los trabajadores, se inscribe en la lucha por la recuperación de las organizaciones obreras, para ponerlas a disposición de una salida obrera y socialista a la crisis.