Días atrás, tres trabajadores de una finca de Vichigasta, en La Rioja, que reclamaron una mejor paga fueron despedidos por su “contratista”. Uno de ellos manifestó: “Tuvimos problemas porque pagaban una miseria. Reclamamos por nuestros derechos, ya que hacen lo que quieren. Engañan a la gente. Es hora de que paguen lo que se debe, tienen que dejar de exprimir a la gente pobre. Basta de ser humillados”.

Otros obreros dijeron que hay fincas donde el precio por el trabajo se lo dicen recién cuando terminan de hacerlo o que la jornada laboral es hasta que el patrón se le ocurre.
Recordemos que la mayoría de los trabajadores rurales está en negro -los pocos que están en blanco sufren las mismas situaciones- y que los distintos gobiernos hacen la vista gorda. Así, las familias de los trabajadores rurales sienten día a día como el peso de la crisis golpea fuertemente sus condiciones de vida, ya que en las zonas agrícolas donde viven se ven obligados a cosechar a cambio de migajas o morir de hambre.

Es más, en complicidad con las patronales, el gobierno de la provincia lanzó a mediados de julio el “Plan Intecosecha”, un plan nacional del gobierno de Alberto Fernández, que prevé una “ayuda económica” mensual de $7.000 por cuatro meses y que entre otros requisitos exige tener entre 3 y 10 meses de trabajo en blanco, estar desocupado durante la intercosecha y haber cobrado como mínimo el 50% del salario vital y móvil. Este plan es la muestra más cabal de que la política de ajuste a los trabajadores rurales y de salarios miserables que llevan adelante los finqueros tiene el visto bueno del gobierno nacional, provincial y municipal.

Pretenden que una familia trabajadora viva con $7.000 cuando en la provincia la canasta básica supera ya los $70.000; fomentan, además, el trabajo en negro, ya que uno tiene que estar “desocupado” durante los cuatro meses que dura la ayuda.

Todo esto mientras quienes poseen grandes concentraciones de tierras y recursos ganan cada vez más a costa de la devaluación de los ingresos de sus trabajadores. Recordemos que la mayoría de lo que se cosecha se exporta y se vende en dólares. Superganancias para los terratenientes, miserias para las familias trabajadoras.

En primer lugar, es necesario que el subsidio intercosecha sea ampliado al conjunto de los trabajadores del campo, sin restricción alguna, con el empadronamiento libre de todos los obreros rurales. Que el subsidio cubra el costo de la canasta básica hasta que las familias comiencen la nueva temporada. Luego, garantizar puestos de trabajo con salarios y en condiciones dignas.

Y, finalmente, para confrontar con esta política que llevan adelante los gobiernos hambreadores del pueblo mientras favorecen a los grandes empresarios, impulsando los intereses y reclamos de cientos de miles de familias obreras de la provincia y el país. Algo que choca de frente con el monocultivo y concentración que proponen los terratenientes, defendiendo su lucro.

Con estas reivindicaciones nos lanzamos a una campaña para quebrar el inmovilismo de la burocracia sindical cómplice de la patronal del campo, para abrir una perspectiva de lucha de los trabajadores contra el hambre generalizado que nos imponen el PJ, el Frente de Todos y la oposición trucha de los radicales. Como dijo uno de los trabajadores despedidos: “Hay que organizarse compañeros, basta de ser humillados”.

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