Habiendo pasado más de un mes y medio del establecimiento de la cuarentena obligatoria, miles de trabajadores “golondrina” siguen varados, sin trabajo, en distintos puntos del país. Los mismos, mayoritariamente provenientes de Tucumán, Formosa, Salta o Jujuy, se desplazan año a año para llevar adelante trabajos estacionales en la cosecha del limón de mayo a septiembre  en Tucumán y, una vez finalizada esta, viajan a Mendoza o algunas provincias patagónicas para trabajar en la recolección de manzanas, aceitunas, uvas u otros alimentos. En una temporada normal, el trabajo de estos en las provincias cuyanas o patagónicas se extiende desde diciembre hasta mediados de abril.  Habiéndose declarado la cuarentena obligatoria, y no habiéndose considerado estos trabajos como esenciales, la cosecha de estos se detuvo, dejándolos varados en las distintas provincias donde desempañaban su trabajo, con el agravante de quedarse sin ingreso.

Es importante tener en cuenta, que las tareas de los trabajadores golondrina se desenvuelve en condiciones muy precarias, sin ninguna regulación por parte del estado, dejando la suerte de los trabajadores en manos de los patrones de estancia, haciendo que el ingreso de los mismos, no sea a partir de un salario, sino por jornada, y a partir de un precio acordado en condiciones de absoluta desigualdad entre el patrón de estancia y el trabajador, generando así un ingreso mínimo apenas suficiente para asegurar su estadía y el envío de módicas sumas a sus familias en sus provincias de origen. Esta situación agrava el estado en el que estos trabajadores se encuentran actualmente: impedidos de retornar a sus provincias en muchos casos por la negativa de sus gobernadores a permitirles entrar, se ven forzados a gastar el pequeño ingreso que obtuvieron en alquilar viviendas, en muchos casos compartida entre varios, en marcadas condiciones de hacinamiento, habiéndose visto forzados, en muchos casos, a dormir en las terminales.  Sáenz, gobernador Salteño,  es el ejemplo más claro de esta política, habiendo acusado de delincuentes a los trabajadores que lograban volver, y llevando adelante un proceso de persecución y criminalización de los mismos. Quienes logran viajar, lo hacen pagando enormes sobreprecios de los micros de larga distancia, sin tener garantizada por parte de las empresas de transporte, ninguna condición de sanidad necesaria, exponiendo a los mismos al contagio.

La crisis económica y la situación desesperante que vivimos les trabajadores no tiene su origen en el Covid, pero sí ha tenido un agravante. A partir de la pandemia, lejos de tomar medidas para asegurar el ingreso de los trabajadores, el gobierno nacional ha cedido a las presiones patronales, permitiendo así despidos, rebajas salariales o suspensiones, exponiendo también el enorme porcentaje de trabajadores que se encuentran en negro, desempleados o que son monotributistas, habiendo tenido más de once millones de inscriptos para el IFE. El mismo, limitado a $10.000, ha excluido a una gran cantidad de trabajadores, lo que contrasta con los subsidios millonarios que el gobierno ha otorgado a las patronales sin ningún control de sus libros contables, se muestra profundamente insuficiente. Es necesario establecer de inmediato un plan del desocupado de $30.000 que contemple la situación del conjunto de trabajadores cuyos ingresos se hayan visto detenidos a partir de la pandemia, como es el caso de los trabajadores golondrinas. Al mismo tiempo, es urgente que el Estado nacional, junto con los Estados provinciales, garanticen la vuelta de los mismos a sus provincias de origen, haciéndose cargo de los gastos de traslado, como así también de lo que los mismos han gastado en sus estadías forzadas en otras provincias, velando por garantizar las condiciones de higiene necesarias para evitar contagios, para lo cual es necesario llevar adelante los exámenes médicos pertinentes.