Desde que el juez Gallardo intervino en el conflicto del subte, la situación ha empeorado notablemente. El juez dictaminó que se abriera una mesa de negociación sobre la paritaria por un período de 60 días, que incluyera, además de la UTA, Metrovías y SBASE, a la AGTSyP. Que quedaran sin efecto las sanciones aplicadas y se devolviera el dinero descontado por las mismas. Y que la AGTSyP, por otro lado, se abstuviera de tomar medidas gremiales durante ese lapso.

A la patronal y al gobierno esa resolución no les movió un pelo. No sólo no ha convocado a la AGTSyP a ninguna mesa, sino que además le ha hecho saber que no será recibida por la empresa a efecto de ningún reclamo de ningún tipo. Las sanciones no fueron levantadas ni se ha devuelto un solo peso de los descontados, que en varios casos llega a 29 días de sueldo. Rodríguez Larreta ha declarado que el dictamen del juez “es un disparate” y que fue apelado, interpretando arbitraria e ilegalmente que la falta de personería gremial quita todo derecho a un sindicato, sin importar que sea el de mayor cantidad de afiliados en una proporción de 8 a 2 y el único con autoridad sobre la masa de los trabajadores.

Como si esto no alcanzara para calificar este ataque como una ofensiva en regla contra los luchadores del subte, dirigida desde el propio poder político, ser produjeron dos hechos más. El ministerio de Trabajo y el Banco Central dieron la orden a los bancos de no tramitar aportes gremiales de las cuentas de sus clientes, con el objeto de desfinanciar a la AGTSyP. Como novedad, ha trascendido –según informan los abogados del gremio – que el mismo ministerio, basado en ciertas impugnaciones contra la AGTSyP del 2013, colocaría en suspenso la designación de autoridades y la elección de delegados que se viene produciendo desde hace casi 10 años. Esto equivale a disolver el sindicato.

La resolución del juez Gallardo pretendió imponer una tregua en el conflicto totalmente favorable a la parte patronal, porque con las manos atadas, la AGTSyP no podría modificar en una mesa de “negociación” lo que ya fue firmado con la UTA: un 15% de aumento en cuotas, anualizado menos de 10%, y un descuento de 1% de todos los sueldos para las arcas de la camarilla del “narigón” Fernández. En 60 días, además, pueden pasar muchas cosas en el país. Si aun con estas ventajas el gobierno rechaza el fallo del juez es porque piensa llegar hasta el final. Un objetivo éste vinculado al programa de ajuste más general, ahora monitoreado por el FMI, pero también una condición de las empresas que se presentarían a la licitación de la nueva concesión del subte. La otra es una reducción drástica del personal, que implica la extensión de la jornada laboral y la liquidación de las seis horas por labor insalubre.

El hecho de que una dirección sindical no reaccione a semejante ataque, que cuestiona la propia existencia de la organización, no puede deberse a un estado de ánimo. Las medidas tomadas, hasta el momento, se limitan a gestiones legales y a una colecta entre los trabajadores para compensar los descuentos de sueldo de los sancionados. Ni siquiera una marcha. Son los abogados los que toman la palabra llamando a aplacar los ánimos en nombre de la ilegalidad de la política patronal. Se trata en cambio de toda una concepción política, la del gremialismo kirchnerista, que pregona que no es tiempo de lucha sino de culpar a Macri de toda felonía, para cobrárselas en las elecciones de 2019 – “Nosotros cumplimos con el juez, los malos no”. Yendo más lejos, una política de avestruz, objetivamente funcional al avance del ajuste sin resistencia.

Muy distinta es la experiencia de los docentes de Neuquén, que conquistaron la indexación de los sueldos con 45 días de huelga. O, más contundente aún, la de la ola verde de la lucha de las mujeres que arrebataron la media sanción de diputados a la ley de aborto legal a fuerza de movilización, ocupaciones y paros. En el subte se debe realizar un paciente trabajo de convencimiento a favor de la resistencia activa al ataque macrista, contrarrestando la desmoralización que infunde una conducción que se ha limitado a convocar con fecha incierta a una volanteada al usuario con ofrecimiento de café gratis. No hay mejor oportunidad para reclamar una asamblea general que resuelva un plan de acción. No hay mejor oportunidad para que la AGTSyP convoque un plenario de base de gremios de la capital que se encuentran también a merced del desamparo salarial.