El domingo 4, el Comité Provincial del Partido Obrero publicó una solicitada en el Nuevo Diario para defender la huelga docente y denunciar un conjunto de ataques contra la intervención del PO en el conflicto. La huelga venía de ser ratificada por una extraordinaria asamblea de 3.000 docentes que defendió la unidad contra el sector rompehuelgas de Gamboa (ver nota). Tribuna Docente batalló todos estos años contra esta corriente que llevó las posiciones del gobierno al seno de la asamblea.
El gobierno vino fracasando en su propósito central de producir un desbande de la asamblea y reconstruir el poder de la “intergremial” de los burócratas, con la cual vino “arreglando” salarios a la baja en los últimos años.

Los medios oficialistas, y también los romeristas, atacaron la huelga diciendo que se trataba de una pura manipulación política del PO. El hermano de Urtubey salió a plantear que debíamos “elegir entre la calle y el parlamento”, que tendríamos una conducta antidemocrática porque estamos en la calle con los docentes chocando con las instituciones. La verdad es que en la intervención de nuestras bancadas hay una unidad política: llevamos al Parlamento -como lo aprobó la asamblea- el programa de los Docentes Unidos.
El presidente de la Cámara de Turismo dijo que queremos desestabilizar a Urtubey y les estropeamos el negocio a los empresarios del sector “espantando al turista” con cortes de ruta y campamentos que muestran la pobreza de los docentes en “Salta, la Linda”.

Una asamblea multitudinaria de la docencia decidió seguir con el paro, en especial como repudio al intento de desconocer la soberanía de sus decisiones mediante una maniobra facciosa impulsada desde el propio gobierno.

La asamblea, con una asistencia extraordinaria, votó, por sobre todo, emplazar al gobierno a que dé una respuesta sobre un aumento sustancial al básico y la reducción de la carga horaria -que en Salta es el doble de la media nacional-, entre otros reclamos.

Los docentes salteños vuelven a dar un ejemplo de democracia y de defensa de los derechos de los trabajadores y de la educación.

La mentira oficial de que la huelga es una “conspiración” de nuestro partido repite un discurso antipopular que atrasa doscientos años.

Apoyamos a nuestros maestros en estricto cumplimiento del mandato que el pueblo ha dado en las urnas a nuestro programa.

Urtubey y sus voceros públicos y privados repiten las vulgaridades que condenaron a su mentor y antecesor, Juan Carlos Romero, a un eterno ostracismo.

El gobierno se ha negado a cumplir con su obligación elemental -recibir a los docentes en lucha- durante casi un mes, con el bastardo propósito de proteger a la burocracia sindical corrupta de la ADP, que maneja fondos millonarios a espaldas de sus afiliados y arregla salarios a la baja.

¡A quién pretende dar lecciones de democracia la camarilla gobernante que adopta estos métodos!

La ciudadanía acompaña este reclamo docente. En esto, como en todo, nuestro partido está al lado del mundo del trabajo. Nuestros maestros encabezan una lucha contra el ajuste, como lo hacen todos los trabajadores de Argentina, mientras los gobiernos reparten dineros, por decenas de millones de dólares, a Repsol, a las cerealeras, a las petroleras y a los bancos, y transan con fondos buitres.
La huelga docente convoca a la lucha a nuevos contingentes, como es el caso de los judiciales que paran esta semana.

Nuestros diputados y concejales, cumpliendo el mandato que recibieron, voto por voto, están ahora, como estuvieron siempre, con la docencia y la defensa de la escuela pública.

¡Venimos de la docencia, nunca nos hemos apartado de ella y volvemos a las escuelas a ejercer nuestra vocación!

Los representantes de los partidos de gobierno, que seguramente han recibido el voto de miles de docentes, se han puesto, en cambio, en la vereda de enfrente. Este solo hecho prueba quién ejercita la democracia y quién usa los medios políticos para usurparla.

La aspiración de los docentes, y de todos los trabajadores, es un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, para no caer en la pobreza que ocultan las estadísticas oficiales.

Ya en diciembre planteamos una revisión integral del presupuesto para garantizar este derecho a todos los trabajadores.

Hemos presentado un proyecto de ley en este sentido en el Congreso Nacional y en la Legislatura local. Hace dos años lo hicimos mediante el proyecto de ley de reforma del Estatuto del Educador que contempla varios de los reclamos de esta huelga docente, entre ellos la reducción de la carga horaria y la titularización anual.

El martes próximo, la legislatura tratará nuestro proyecto para derogar la ley 6.821, una norma contra el derecho a huelga (por lo tanto inconstitucional) sancionada por Romero y que ahora aplica Urtubey.

Los representantes del pueblo del PO se encuentran en la calle, en los barrios y en los departamentos, defendiendo esta causa.
El gobierno debe reunirse con la asamblea docente -la única representación legítima de la docencia- para responder a sus reclamos centrales y dejar de usar el despotismo estatal para sostener a una burocracia sindical repudiada.

Comité provincial
del Partido Obrero (4/5)