La burocracia del sindicato de la industria lechera (Atilra) que encabeza Héctor Ponce, levantó -mientras se realizaba- el paro de 24 horas que había decretado para reclamarle al gobierno nacional que efectivizara el préstamo de 450 millones de pesos para la cooperativa Sancor, que se encuentra en medio de una profunda crisis y, lapicera en mano, firmó un acuerdo donde concede todo lo que pedían el macrismo y las patronales, no sólo respecto de ese conflicto sino también en materia de las condiciones de trabajo de todos los obreros de la actividad.

 

Según consta en el acta del acuerdo que saludan alborozados todos los medios oficialistas, la burocracia asumió para un “futuro próximo” el “compromiso de (negociar) un nuevo convenio colectivo de trabajo donde se “mejoren” las condiciones de trabajo para los productores y la industria”; es decir, una liquidación de conquistas de los trabajadores lácteos, aumentando la superexplotación, con la excusa de “hacer más competitivas a las empresas”, como lo transmitía una

nota de La Nación (24/4).

 

A esa negociación se le sumará el reclamo de las lácteas y el gobierno -con el mismo pretexto- de que el sindicato acepte un congelamiento de salarios para el segundo semestre, manteniendo como único incremento para todo el año el 13,8% acordado en la última paritaria semestral. El acuerdo firmado por Atilra implicará la pulverización del convenio colectivo de los trabajadores lácteos, ya que incluirá el endurecimiento del presentismo, la eliminación de licencias pagas y reemplazando el pago de horas extras por turnos rotativos.

 

La burocracia de Atilra también decidió abrir sus propios bolsillos. Aceptó que el denominado “bono solidario”, que era un monto equivalente a casi 3.900 pesos mensuales por trabajador (que la dirección sindical de Ponce manejaba a discreción) fuera reducido a la mitad en el caso de las empresas grandes y medianas, y a la cuarta parte en el de las pymes.

 

La ofensiva contra los trabajadores lecheros tuvo como protagonista al propio Mauricio Macri, quien, días atrás, calificó de “pésimo” (para los empresarios) el convenio colectivo actual de los trabajadores lácteos y reclamó otro a la baja. Como destaca el oficialista La Nación (6/5), la opinión no resulta desinteresada: dos integrantes del gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, así como la familia del secretario de Comercio, Miguel Braun, son accionistas de Pampa Cheese, una empresa santafesina del sector, que reclamó judicialmente contra el “bono solidario” y, claro está, pide el convenio a la baja.

 

En cuanto a la situación de Sancor, el gobierno mantiene la extorsión en toda la línea. Por un lado, no le entrega el monto del crédito a la cooperativa sino que lo coloca en un fideicomiso para utilizar el dinero como presión, con el objetivo de hacerle cumplir los reclamos oficiales y de los potenciales compradores de Sancor, de producir una profunda reestructuración de la empresa que incluya el despido de alrededor de 1.500 de los 4.000 obreros actuales. Y el “trabajo sucio” debería ser hecho por la actual patronal.

 

Pero la crisis de Sancor y de la industria láctea en general se asienta, fundamentalmente, en que el consumo de leche ha caído desde 2015 hasta ahora en un 30%.

 

Esto es lo que está en la base del colapso del sector y no el exceso de personal, que ha pasado a ser el latiguillo sobre el que vienen batiendo el parche la patronal y también la propaganda oficial.

 

Hay que rechazar la extorsión del gobierno y las patronales. Ningún despido. Los trabajadores no sobran, sino que faltan, si tenemos en cuenta las necesidades populares, que deberían ir de la mano de una reactivación de la producción a los fines de satisfacer el consumo de los productos lácteos, que son prioritarios.

 

Los obreros de Sancor y los de las demás compañías lácteas que piden que la crisis la paguen los trabajadores, deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la cooperativa y de las negociaciones en curso, y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de las empresas.