Es una verdad de Perogrullo que, en los municipios, a lo largo y ancho del país, prima la precarización laboral, la cual tiene como principal impulsor al poder político, sin importar el color. En Lanús, el intendente Néstor Grindetti (Juntos Por el Cambio) ha llevado esta modalidad de trabajo a niveles insoportables. Los trabajadores municipales del distrito denuncian los atropellos y el clima de amedrentamiento imperante, cuya existencia no podría prosperar sin la complicidad de la burocracia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), conducido hace años por el pejotista Miguel Pedelhez.

Como fruto de la irrupción del coronavirus en el distrito, el Ejecutivo municipal, al compás de la política de Alberto Fernández y de las patronales que operan en el país, se embarcó en un ataque contra los trabajadores del municipio, lo que redundó en despidos; uno de ellos, de acuerdo a lo que señalan los trabajadores, por negarse a trabajar mientras padecía síntomas de Covid-19. Los afectados desenvolvían sus tareas en el sector de Tránsito y de Protección Ciudadana, quedando sin amparo estatal en un cuadro de alza de la crisis sanitaria y social, que en Lanús llevó a un desastre, con su capítulo más saliente en el colapso del Hospital Evita.

Los empleados municipales han elevado sus inquietudes al STML, cuya dirección desoyó, evitando discutir un plan de acción. Pedelhez ha colocado, desde los inicios de su papel como secretario general, al sindicato como correa de transmisión de la orientación antiobrera de la camarilla municipal. Viene dejando pasar todos los embates contra los trabajadores, lo que incluye paritarias por debajo de la inflación año tras año. De hecho, ya firmaron una paritaria del 32% para el 2021, a terminar de cobrar en diciembre, dejando que los salarios vuelvan a perder contra una inflación proyectada de alrededor del 50%.

El escenario en el cual los trabajadores de Seguridad Ciudadana llevan a cabo sus tareas es alarmante. Se trata de un sector súperprecarizado –ninguno está en planta permanente-, en el cual conviven la proliferación de contratos a tiempo determinado (semestrales), la sobrecarga de trabajo y el desarrollo de labores en condiciones calamitosas. Los choferes del sector, de acuerdo a lo afirmado por los compañeros, tienen una carga horaria de entre 48 y 36 horas semanales, carecen de elementos de protección básicos (guantes de látex, etcétera), que para el momento de atender accidentes de tránsito resultan cruciales, y, a su vez, en caso de existir un accidente laboral como consecuencia de estos problemas, las autoridades municipales amenazan a los trabajadores con la no renovación de sus contratos si es que pretenden denunciar dicho episodio ante la ART.

El personal, asimismo, debe enfrentar el ajuste gubernamental en el campo de sus bases operativas, cuya estructura cuenta solamente con un baño sin agua potable -ni agua caliente-, así como tampoco está equipado de un botiquín de primeros auxilios. Los elementos que se pueden encontrar en la base, que hacen a su mantenimiento, han sido costeados por los propios trabajadores. Por otro lado, en lo concerniente a los vehículos, estos se encuentran en un estado deplorable, sin matafuegos ni ruedas de auxilio, y las bases donde se guardan los mismos no tienen elementos para su mantención. De conjunto, Grindetti viola sistemáticamente las leyes de seguridad e higiene y lo mismo hace con los convenios colectivos de trabajo. Muy distinto, por el contrario, es su trato hacia las patronales del distrito, que se han visto beneficiadas con jugosas prebendas impositivas.

En este sector se halla el denominado “Grupo Táctico”, compuesto por choferes cuya tarea es escoltar a los elementos jerárquicos del municipio, y que además, a diferencia del resto del personal, tienen vehículos exclusivos –en excelente estado- y una menor carga horaria (6 horas). Estos trabajadores, a pesar de ser civiles, vienen siendo utilizados por el Ejecutivo municipal para realizar identificaciones de civiles y de vehículos particulares en la vía pública, lo que ha transformado a estos en una suerte de fuerzas parapoliciales al servicio de la política represiva del actual Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad, el grindettista Diego Kravetz. Se trata de un elemento fascistoide, que viene de presentar, en una iglesia evangélica ubicada en la localidad de Villa Centenario (Lomas de Zamora), su libro titulado “Corré Cagón”, lo que sería una crónica de la “lucha contra el crimen” en Lanús, que en realidad consiste en una política de represión y amedrentamiento.

Detrás de la verborragia “anticrimen”, sin embargo, subyace la complicidad del poder político en la reproducción del crimen organizado. Sin la connivencia de las fuerzas policiales y de las autoridades municipales no podrían avanzar las redes de trata, las zonas liberadas y el narcotráfico.

La precarización laboral al interior del Estado viene pisando fuerte con la venia de todos los gobiernos que han detentado el poder en las últimas décadas. Los contratos basura y los bajos salarios, impuestos desde el Estado, fungen como un nivelador hacia abajo de las condiciones en las cuales labora la clase obrera cuando son contratados directamente por un capitalista.

La orientación ajustadora, represiva y precarizadora del tándem Grindetti-Kravetz no puede escindirse del rumbo fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández, es decir, en la medida en que la política municipal esté atada a los condicionamientos leoninos que impone el capital financiero internacional, lo que depara a los trabajadores municipales y a los trabajadores de Lanús en su conjunto es un cuadro de mayores penurias.

Solo la organización independiente de los trabajadores municipales por condiciones de trabajo dignas, aumento de salario y por todos los reclamos puede pavimentar el camino para terminar con la precarización laboral y la política de entrega de la burocracia sindical.

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