Luego del cierre de más de la mitad de las concurrencias en salud mental de los hospitales y centros de atención públicos porteños, Juntos por el Cambio pretende quitar la gestión de las concurrencias de la órbita de salud y entregársela a las camarillas universitarias, como parte de un gran negociado privatista.

Si en el pasado realizaban la misma labor que el resto del personal, pero sin cobrar salario, ahora los concurrentes deberán pagar por trabajar. Es lo que ya ocurre, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, a través del sistema de cursistas.

Este gravísimo ataque fue confirmado por Andrés Añon, Secretario General de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una reunión formal con concurrentes de salud mental.

La semana pasada ya se había viralizado la misma noticia en un mensaje de Whatsapp comentando la reunión que sostuvieron autoridades del gobierno de la Ciudad con la coordinadora general de las concurrencias, Gabriela Warner, y coordinadores locales. Si bien la agrupación de graduados que dirige la Facultad de Psicología UBA salió a desmentir su participación, no hay comunicados oficiales de la Facultad, y todo apunta a un arreglo entre las diferentes universidades.

¿En qué consistiría este nuevo desguace del sistema de salud, en medio de una pandemia?

En primer lugar, el sistema de concurrencias de salud mental, que implica cientos de puestos de profesionales del área, que sostienen -sin gozar de remuneración, ART ni beneficios laborales- dejará de funcionar como tal desde 2022. Ya no será un sistema de capacitación en el marco del hospital público, sino una modalidad de posgrado arancelado, dictado por universidades públicas y privadas.

En segundo lugar, los coordinadores actuales de las diferentes residencias en cada unidad de salud cesarán sus funciones a fin de año. Además, ya no serán electos por concurso, sino que serán designados por una “entrevista personal” a cargo del director de Capacitación. Es decir, los coordinadores serán puestos a dedo.

Lo mismo para las sedes actuales: dejarán de existir a fin de año. Se plantea así el desguace de unidades enteras, que subsisten en la actualidad casi exclusivamente con trabajo gratuito de concurrentes. Es el caso de los Cesac, muchos de los cuales reciben gran parte de la población de las villas de la Ciudad, donde reside la población más expuesta a la vulnerabilidad psicosocial.

Como medida de transición, hasta el egreso de la camada de concurrentes de este año (muy mermada por los recortes previos), se mantendría el sistema actual para quienes sean parte de las concurrencias.

Por último, desde el año próximo, el nuevo programa estará a cargo de las distintas universidades. Allí se decidirá cupo, selección, evaluación y certificación. Y, por supuesto, el arancel. Los coordinadores y sedes actuales no serían tenidos en cuenta en el diseño.

Se trata de un hecho gravísimo. En vez de ingresar como nuevas camadas de concurrencias, los graduados universitarios solo podrían aspirar a ser estudiantes de posgrado, con lo cual perderían todo derecho sobre su condición laboral, además de cualquier posibilidad de reconocimiento gremial -una de las razones que dio pie a la Asamblea de Residentes y Concurrentes.

Además, la desvinculación de la carrera hospitalaria priva a los concurrentes de su puntaje a la hora de concursar por un cargo de salud, debido a que este antecedente otorga varias veces más puntos que cualquier especialización o posgrado.

Mientras todas las mediciones destacan el brutal incremento del padecimiento subjetivo, la gestión de Rodríguez Larreta y sus socios en la Ciudad no solo priva a la población de la atención requerida, sino que incluso recorta la -escasa- existente. Las burocracias sindicales, a quienes los concurrentes y residentes enfrentan decididamente, son partícipes necesarios en esta medida.

Montados en el cercenamiento de las concurrencias, las camarillas universitarias serían beneficiadas con la posibilidad de vender un servicio arancelado que, poco antes, era gratuito y cumplía una función social.

Este recorte golpea fuertemente en la atención a los usuarios y significa una nueva sobrecarga en los trabajadores de salud. Advertimos que el gobierno de la Ciudad no renovó el contrato de los puestos temporarios por la pandemia.

Por ello es imperioso defender las concurrencias. La lucha de concurrentes y residentes está atravesada por un reclamo de derechos que hoy no se tienen. Es decir, no estamos ante el caso de un recorte de conquistas preexistentes, en riesgo de perderse, sino de la respuesta privatista del Gobierno de la Ciudad, tanto frente a las reivindicaciones del colectivo hospitalario, como a la necesidad de atención de la población general.

Rechazamos este nuevo negocio a costa de los trabajadores de la salud y de la salud de la población de la Ciudad.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA debe convocar una sesión especial para debatir las medidas para enfrentar este ataque. Es necesario retomar inmediatamente la organización y lucha en todos los efectores de salud porteños. Ni cierre ni recorte de concurrencias. Reclamamos plenos derechos laborales para los concurrentes (salario, obra social, ART, etc.). Nuevos cargos de residencia. Pase a planta de todos los egresados residentes y concurrentes. Aumento salarial para la totalidad del personal de salud, con piso en el costo de la canasta familiar.

 

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