El miércoles 13 de febrero Walter Quiroz, un chico de 25 años que trabajaba de forma tercerizada en la planta aceitera del gigante chino Cofco en el Cordón San Lorenzo, cayó desde una altura de más de 15 metros para morir unas horas más tarde en un sanatorio de Rosario.

La muerte de Quiroz se produce días después de la de Fernando Peña, obrero de 35 años que sufrió la quemadura del 90% de su cuerpo tras caer sobre residuos hirvientes en la cerealera Dreyfus, ubicada en Tambúes, a 40km de Rosario.

En la misma Cofco, en diciembre de 2017, una explosión dejó a dos trabajadores muertos y 20 heridos.

Estas trágicas imágenes se multiplican cotidianamente en toda la provincia. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, solo en 2017 los siniestros laborales en Santa Fe llegaron a los 45.000. Pero la cifra no es precisa, ya que la SRT solo recoge los datos entre los trabajadores registrados, mientras que los que están en negro representan alrededor de un 40% de la fuerza laboral.

Masacre laboral

Muy llamativa fue la respuesta que la burocracia kirchnerista del sindicato aceitero dio ante los medios después de la muerte de Quiroz. Pablo Reguera, su secretario general, remarcó que unos días antes había tenido lugar la presentación del “Manual de las buenas prácticas en la industria aceitera” y remarcó que “los operarios deben recibir la adecuada capacitación” (La Capital, 17/2) -es decir, responsabiliza a las víctimas.

Semejantes cifras no pueden ser el resultado de la impericia de los trabajadores ni menos aún de la fatalidad. Se trata, en verdad, de una masacre planificada. Las patronales lo tienen calculado: es más barato dejar accidentarse o morir a los trabajadores que invertir en su protección laboral.

Lobby

Hace unos días, la Federación de Comercio e Industria de Santa Fe organizó unas “jornadas” junto con la SRT para tomar medidas frente a esa situación. ¿Qué resolvieron? Presionar públicamente al gobierno provincial para que adhiera a la Ley 27.348, que ya está vigente en muchas de las provincias y por la que las patronales han logrado evadir su responsabilidad en la salud de los trabajadores y han mutilado las herramientas para que estos últimos puedan exigir los resarcimientos. El gobernador Miguel Lifschitz salió rápidamente a anunciar su predisposición para adherir a la ley (La Capital, 20/2).

La ley 27.348, que fue aprobada por el macrismo (con los votos peronistas) hace unos años, impuso que los trabajadores deban agotar una instancia administrativa previa, las comisiones médicas de las propias ART, antes de iniciar cualquier reclamo.

Se sumó así a la ley 24.557 impulsada por Cristina Kirchner, que directamente eliminó la llamada “doble vía” por la que el trabajador, después de cobrar la ínfima indemnización de las ART, podía apelar a la justicia laboral para ampliar la reparación del daño.

Las consecuencias de estas iniciativas legales reaccionarias están a la vista. Hace unos meses, el titular de la SRT, Gustavo Morón, se reunió con el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, para festejar a viva voz los “beneficios” que trajeron estas contrarreformas. Anunciaron un ahorro de $6.500 millones en materia de accidentes laborales. Esto como producto de la reducción de las alícuotas que las empresas tienen que pagar a las ART y por lo que ellos llaman la “reducción de la litigiosidad”.

Mientras se estiman 1 millón de accidentes laborales por año en el país, la burguesía festeja que una gran parte de sus víctimas no hayan podido iniciar acciones legales por esos accidentes.

Se trata de una política que beneficia no solo a los industriales, sino también a los bancos y al capital financiero por medio de sus ART, que se embolsan año a año miles de millones de dólares con la sangre y la salud de los trabajadores.

Los comités mixtos de seguridad e higiene que el Frente Cívico impulsó en Santa Fe han terminado en un rotundo fracaso. Reclamamos comités obreros electos de seguridad e higiene, que puedan parar la producción en caso de riesgos o accidentes y la reparación integral por parte de las patronales de los daños ocasionados al trabajador. Abajo la ley de ART.