Durante el último año, las trabajadoras de la salud hemos estado bajo la mirada y el reconocimiento social a partir de la pandemia del Covid-19. Pero esto no ha sido reflejado ni política ni gremialmente, ya que nuestras demandas y necesidades no han sido escuchadas: las trabajadoras de la Salud nos enfrentamos a un sistema hostil contra las mujeres, desde nuestro trabajo, con la discriminación laboral y salarial de por medio, y desde nuestro lugar como pacientes.

Lo sufrimos día a día con la política de los gobiernos municipales y de Nación de no otorgar la profesionalidad de Enfermería -carrera compuesta en un 74% por mujeres-, vapuleando un sector que demostró más que nunca la necesidad de enaltecerla ya que, según datos del 2019, sólo hay 4 enfermeros cada 10.000 habitantes en la Argentina, y todos ellos son más que necesarios para poder curar a un paciente.

Asimismo se le incorpora la falta de licencias, esta vez debido a la emergencia sanitaria, que se traduce hoy más qué nunca en la vuelta a las clases de los chicos: las madres trabajadoras de la salud no pueden tomarse la limitada licencia para padres con hijos en edad escolar que resolvió el Ministerio de Trabajo de Nación y de esa manera obtener una jornada reducida para poder quedarse con sus pibes. Ni hablar de las ínfimas paritarias resueltas por todos los municipios y nación, qué llevan a salarios por debajo de la linea de pobreza, dejando a la mayoría endeudadas o tomando varios trabajos, lo que deriva en más insalubridad.

Los obstáculos en el sistema de salud para el acceso de las mujeres incluye la discriminación contra médicas en las residencias, en particular en algunas disciplinas como la cirugía o la traumatología, y también la discriminación contra aquellas que siendo trabajadoras (mayoritariamente) regulares de los hospitales, son tercerizadas para hacer tareas de limpieza, discriminadas laboral y salarialmente, cuando la tarea de la limpieza en hospitales y en todo efector de salud debiera ser recalificada y tomada con la seriedad que merece. La precarización actual, la falta de instrumentos adecuados, entre otras cosas, han generado un gran crecimiento de enfermedades intrahospitalarias como fruto de la degradación de la tarea.

En épocas regulares sin Covid, los salarios bajos, la ausencia de licencias de largo tratamiento por familiar enfermo, de jardines adecuados para los niñxs de las y los trabajadores, la falta de insumos, nos obligan permanentemente a hacer malabares para atender a pacientes.

¿Y las pacientes?

En la Ciudad de Buenos Aires se puso en curso el sistema de centralización de pedidos de turnos por el 147. Los nuevos criterios de atención provocarán la expulsión de las trabajadoras y desocupadas con obras sociales vaciadas o sin obra social, quienes deberán directamente sumergirse en la lucha cotidiana por poder comunicarse con un call center hiperexplotado que no satisface la demanda de llamados. No está demás observar que muchas de esas mujeres que precisan turnos ginecológicos para poder realizarse tanto exámenes de rutina cómo consultas de urgencia, no tienen respuesta. Muchas de ellas son pacientes oncológicas que quedan a la deriva de un sistema que no responde a esas demandas. Lo mismo sucede con los jubilados que precisan urgentemente atención.

Sumado a esto existen otras situaciones de violencia para las mujeres que se atienden en los hospitales: la violencia obstétrica, las preguntas “incómodas”, el juicio sobre los actos, la negación por parte de ciertos profesionales o instituciones de realizar prácticas decididas por las pacientes, el miedo.

Una de las prácticas que fue y será garantizada por personal de la salud, médicxs y enfermerxs en todo el país es el acceso al aborto legal, antes por causales y ahora el acceso al aborto voluntario. La Red de profesionales de la salud ocupó y ocupa este lugar en todo el país. Esta organización permitió enfrentar la línea oficial del Estado contra el cumplimiento de la práctica legal del aborto y contra los prejuicios instalados desde el propio Estado, tanto en instituciones privadas como públicas; contra instituciones clericales, hospitales con capillas y curas, voluntarias de la Iglesia; e inclusive jefes y jefas al mando qué realizan discriminaciones ideológicas y políticas a aquellas mujeres que, por ejemplo, desean ligarse las trompas cómo método anticonceptivo, anteponiendo sus consideraciones por encima del deseo de la persona gestante, una orientación (ilegal) instalada desde las direcciones de innumerables instituciones.

Mientras las mujeres nos organizábamos en las calles, miles de profesionales de la salud garantizaban en todo el país el acceso a la ILE sin perjuicio ni prejuicios contra las pacientes. Si bien la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ya es una disposición votada por el Congreso, los lazos entre el Estado y las Iglesias siguen siendo fuertes, las Iglesias no han dejado de intervenir con sus políticas oscurantistas en las instituciones del Estado y privadas.

Nuestra organización dentro de los centros de salud tiene que estar a la orden del día: por nuestros salarios, nuestras licencias, contra los atropello de las jefaturas, por el reconocimiento correspondiente a residentes y concurrentes, el pase a la carrera profesional de Enfermería, la incorporación de más personal para mejor y mayor atención de los pacientes, el derecho al aborto para todas aquellas qué lo necesiten y la separación de la Iglesia del Estado para que la salud sea científica y de acceso a toda la población.

Vamos por todo esto al Encuentro Nacional de Tribuna de Salud el próximo sábado 27/02. ¡A organizarse compañeras!