Con el apoyo de una parte del PJ y de los diputados de Patricia Bullrich, el gobierno de Ibarra se apresta a sancionar su ley de comunas, que crea dieciséis distritos que coinciden con los actuales “Centros de Gestión y Participación” y, por lo tanto, con las circunscripciones electorales. De este modo, la ley prepara el camino para una reforma de la ley electoral, que reemplazaría la representación proporcional en distrito único por los diputados por circunscripción. Las Juntas comunales serán electas cada cuatro años y sus miembros no serán revocables, ni responsables ante ningún plenario o asamblea del distrito. La ley sólo prevé un “Consejo Consultivo Honorario” de las organizaciones “políticas y sociales” del barrio, que será la vía para cooptarlas al aparato comunal. En sus atribuciones, las comunas sólo podrán resolver sobre cuestiones vinculadas a las “vías secundarias” (calles) y al espacio público. Es decir que les está vedada cualquier intervención sobre las cuestiones sociales o políticas. Las “comunas” de Ibarra levantarán una burocracia estatal fuera de todo control popular.

Contra las asambleas, contra el Argentinazo

Instituidos en la Constitución de 1996, los sucesivos gobiernos de la Alianza fueron impotentes para poner en marcha el sistema. Durante mucho tiempo, la Ucr encabezó la presión en favor de las “comunas”, con la expectativa de convertir a sus punteros barriales en punteros comunales, pero no obtuvo, obviamente, el apoyo del Frepaso. Con el Argentinazo y las asambleas barriales, el pueblo de la ciudad puso en pie su propia versión de organización comunal. Por eso, Ibarra decidió guardar en la gaveta cualquier discusion sobre comunas. Es recién ahora, con la injerencia restablecida del aparato y del dinero del Estado, que Ibarra quiere imponer comunas a su servicio para que le sirvan contra el próximo Argentino-Porteñazo.

Crisis política y movilización

Por estas razones, la inminencia de la sanción de la ley de comunas ha desatado una reactivación de las asambleas. Por otra parte, su sanción de apuro ha delatado una crisis política en el ibarrismo: Ariel Schiffrin, secretario de “Descentralización” del Gobierno – y futuro legislador porteño – acaba de romper con Ibarra, para declararse representante “directo” de Kirchner en la ciudad. Schiffrin, jefe del sistema de punteros de los CGP, estaba urdiendo un sistema de reparto de “comunas” diferente al que hoy impulsa Ibarra. En vez de cerrar una crisis, la ley en ciernes abre una lucha despiadada por el control de las “comunas” truchas.