En La Nación del 9/1, el Ministro de Modernización Andrés Ibarra anunció "una batalla contra la burocratización del Estado". Detrás del pomposo nombre, es fácil apreciar una ofensiva dirigida, en realidad, hacia los trabajadores del Estado.

Pero la "burocracia" que estorba y no cumple función social positiva alguna es la de Ibarra y sus funcionarios. El ataque que pretende llevar adelante forma parte de una política más general del gobierno contra los trabajadores que se aprecia en su ataque contra los convenios colectivos.

La "capacitación" y el "salario por mérito" son eufemismos para arrebatar conquistas como la antigüedad o la aplicación de igual remuneración para la misma tarea. Sucede que esta metodología, típica de gerentes de recursos humanos, ya es usada desde hace varios años en diversos organismos estatales autárquicos: bajo el nombre de "carrera", y mediante la asignación de "puntajes" se divide a la planta de trabajadores, postergando recategorizaciones ganadas con décadas de trabajo y reforzando el dedo arbitrario de la patronal, en cuyo poder está la organización de los "cursos" y las "acreditaciones". Como con los contratos precarios, el kirchnerismo también es responsable. Ahora, el macrismo pretende implementar a escala más amplia esta política antiobrera. Como si esto fuera poco, los funcionarios anunciaron el propósito de medir la "productividad", el eslogan principal de la gran patronal para implementar una nueva etapa de flexibilización laboral, modificando convenios a la baja -como acaba de ocurrir en la actividad petrolera-, reformando la ley de ART o subiendo la edad jubilatoria.

 Significativamente, la misma edición del matutino, cuya simpatía editorial por el gobierno es insoslayable, publica otra nota que da en la tecla: "Tuvo una fuerte caída el salario real de los estatales". La "jerarquización del empleo público" que pregonan Ibarra y sus lacayos pasa por flexibilizar aun más, cuando se trata, antes que nada, de recomponer el salario de los trabajadores, que como si esto fuera poco somos víctimas de precariedad laboral extendida a escala nacional, provincial y municipal. Hay que "jerarquizar" el salario y las condiciones de trabajo de los estatales.

 Al mismo tiempo, se clarifica la continuidad de la precariedad laboral que predominó durante el kirchnerismo. El gobierno y UPCN han batido el parche de supuestos "pase a planta": ahora, "informan" un régimen de concursos para cargos jerárquicos, dando a entender que aquellos directores o coordinadores que pusieron tendrán facilidades para acceder al cargo y eternizarse en la planta permanente.

  Indudablemente, estos planes se enmarcan dentro de otros ataques antiobreros, como los 3000 despidos en Educación o las cesantías en otras dependencias, incluidas las antisindicales en Hacienda. Si semejante ajuste tiene alguna posibilidad de avance, es por la complicidad de la burocracia sindical. El propio Ministerio lo indica, al hacer público su "diálogo" con UPCN. A la vez, aunque ATE tenga "poco entendimiento", la realidad es que no organizó ningún plan de lucha contra los despidos y el ajuste, y desorganiza a los trabajadores sistemáticamente.

 Indudablemente, estos planes se enmarcan dentro de otros ataques antiobreros, como los 3000 despidos (http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/sindicales/educacion-para-ganar-hay-que-retomar-el-camino-de-las-asambleas-y-el-plan-de-lucha) en Educación o las cesantías en otras dependencias, incluidas las antisindicales en Hacienda (http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/sindicales/ministerio-de-hacienda-logramos-que-ingresaran-romina-y-mayra) .

Para enfrentar este cuadro, proponemos desarrollar la deliberación en las dependencias, mediante asambleas, reuniones de sector y toda instancia que permita poner sobre la mesa los graves problemas que atravesamos, independientemente de cuál sea el accionar de la burocracia sindical. Debemos unificar la lucha de todos los trabajadores con un programa: ningún despido; pase a planta de todos los contratados; salario mínimo igual a la canasta familiar; abajo el presentismo, plena vigencia de todos los derechos (licencias por enfermedad, embarazo, estudio, etc.).