Los obreros de GGM, empresa del calzado ubicada en Las Flores, mantienen tomada la planta desde el 19 de julio ante el adeudamiento de salarios y la suspensión del personal. El dueño de la compañía es Guillermo Gotelli y anteriormente perteneció a Gatic (al igual que la actual Dass de Coronel Suárez y la “recuperada” Textiles Pigüé).

 

El Intendente Canosa encubre a Gotelli y precariza el trabajo

 

Recientemente, el intendente florense Ramón Canosa (UCR-Cambiemos) declaró a un medio local que la empresa habría dejado de existir y que por lo tanto se habrían terminado las suspensiones (PlayRadios, 11/7). Lo que Canosa quiere decir es que ya no hay nada que reclamarle al vaciador. Es una maniobra para “correr del escenario” y encubrir a la patronal, que no ha notificado del fin de las suspensiones o mandado telegramas de despido. Mucho menos, declarado quiebra alguna. El gobierno municipal se encarga así de resguardar la propiedad privada sobre el capital de GGM (local y maquinarias), y favorecer una negociación con el empresario parásito.

 

Canosa alienta una salida por el lado de la cooperativización. En ese sentido, organizó una visita a “Textiles Pigüé” para “aprender de esa experiencia”.  Al contrario, el Estado debería obligar a Gotelli a saldar la deuda salarial, expropiar y reabrir la planta con todos los trabajadores adentro. Cualquier otra cosa en este cuadro es pelota afuera y un engaño contra los trabajadores esperando que pasen las elecciones de octubre.

 

El intendente ha tomado un rol activo para viabilizar esta “salida” y según él se conformarían tres cooperativas: una textil, otra de obras públicas y una relacionada a la agro-industria. Sin garantizar la continuidad de los 280 trabajadores, se intenta reconvertir la producción y aplicar una flexibilización de las condiciones de trabajo que, a su turno, explotarán el Estado municipal (obras y servicios públicos) y hasta el propio Gotelli u otros empresarios textiles.

 

Estas negociaciones fueron acompañadas por una asistencia estatal que permitió la relativa contención de la voluntad de lucha. Actualmente, los trabajadores de GGM reciben $3000 mensuales de RePro (como subsidio) y una canasta alimentaria. A principios de año, se sancionó en el Concejo Deliberante una emergencia laboral por la cual se habilitó al intendente Canosa a, según sus propias palabras, “incurrir en excesos del erario municipal para suplir las necesidades de GGM” (ídem, 25/07). Este gasto de $6.000.000 será financiado por todos los contribuyentes a través de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN), mientras que los intereses y propiedades de Guillermo Gotelli quedarían intactos.

 

La lucha de las trabajadoras y los trabajadores

 

Los trabajadores están agremiados en dos sindicatos: el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) que representa a los quincenales y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines (SECA) que representa a los mensuales. Con anterioridad a esta toma, los delegados gremiales participaron de innumerables reuniones y acuerdos (que la patronal nunca cumplió) y que demoraron una solución, hasta ahora pendiente.

 

La profundización de esta lucha se explica por un contexto cada vez más agudo de crisis social e, indudablemente, por el impacto positivo que tuvo en la clase obrera argentina la reciente lucha de los trabajadores de PepsiCo. Al igual que con AGR-Clarín, las luchas parciales (aún derrotadas) van alimentando la experiencia colectiva de una clase que no ha sufrido derrotas decisivas en este período. También, como sucediera en PepsiCo, una parte mayoritaria del colectivo laboral de GGM son mujeres trabajadoras (muchas de ellas sostén de familia).

 

Para combatir la precarización disfrazada de cooperativas, desde el Partido Obrero ponemos nuestras fuerzas a disposición y ofrecemos un programa alternativo de defensa de los puestos de trabajo: que se expropien sin pago todos los activos de GGM y que se reanude la producción bajo control de sus trabajadores. El Estado, a través de impuestos progresivos al gran capital, debe ser el garante de que los trabajadores cobren sus salarios y los aportes para obra social y jubilación. En caso de una reconversión productiva deben ser las obreras y los obreros los que decidan.