Son varios los sectores de trabajadores que han salido a la lucha por sus reivindicaciones en estás últimas semanas. Fundamentalmente reclamando aumento de salarios frente a una inflación galopante con una proyección anual que se arrima al 60%, así como exigiendo vacunación y medidas sanitarias frente al alto nivel de contagios y muerte por Covid-19 en los lugares de trabajo. Más en general, son peleas por las consecuencias del fuerte ajuste que pilotea el gobierno de los Fernández, el cual empuja para arriba los índices de pobreza e indigencia y que hunde las jubilaciones.

Los cortes y movilizaciones de choferes de la UTA han tenido un fuerte impacto en los medios nacionales, siendo hoy uno de los conflictos más relevantes. El reclamo de los choferes por $100 mil de bolsillo busca recomponer un salario que hoy no llega a la mitad de esa cifra, quedando por debajo de la canasta de pobreza. Esta situación es consecuencia de la complicidad entregadora durante largos años de la conducción sindical de Roberto Fernández, y cuya responsabilidad comparte el actual “opositor” Miguel Bustinduy -que integró la conducción del gremio y que ahora está en el campo moyanista.

El proceso de luchas de los choferes muestra un fuerte descontento de las bases con ambas fracciones de la burocracia sindical, las cuales no apoyan las acciones públicamente y mantienen al gremio paralizado en el marco de una negociación paritaria que viene naufragando hace rato. Ningún sector de la burocracia quiere sacar los pies del plato en su integración al gobierno, mientras funcionan como factor de presión patronal para pedir más subsidios.

Las autoconvocatorias y el desborde de los aparatos sindicales se han repetido en otros conflictos recientes y actuales. En Neuquén la huelga, los cortes y movilizaciones de los trabajadores de la salud lograron arrancar un aumento del 53%, quebrando el acuerdo ruinoso que había firmado la dirección de ATE.

Conflictos como el vitivinícola, el del citrus y el de los docentes de CABA son ejemplos de este proceso de luchas crecientes. Ademys, gremio docente de la Capital, viene de un paro que confluyó con una jornada nacional de lucha que impulsaron los Suteba Multicolor y sectores combativos de todo el país exigiendo la suspensión de la presencialidad donde corresponda por la situación sanitaria, aumentos de salarios, condiciones de trabajo seguras y la cobertura de cargos.

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La lucha de tercerizados en EMA, contratista que despidió a todos sus trabajadores (alrededor de 60) cuando desenvolvían el reclamo de pase a planta permanente en Edesur, pone de manifiesto el enorme fraude laboral que existe en esta privatizada y que se extiende a otras empresas. La distribuidora eléctrica, que recibe enormes subsidios y tarifazos a su favor, mantiene más de 2.000 trabajadores tercerizados, que realizan las mismas tareas que trabajadores de planta pero están encuadrados en otros gremios como Uocra. De este modo fraudulento le pagan salarios equivalentes al 30% de los que les corresponde por convenio Luz y Fuerza.

Es el tipo de fraude laboral conocido nacionalmente tras el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra; ya que incluso los trabajadores de EMA denuncias que este régimen tiene al gobierno, las empresas y las burocracias como cómplices. Lo mismo sigue pasando en el ferrocarril, en todas su líneas, como ponen de manifiesto los tercerizados de MCM en la línea Roca que reclaman el pase a planta con movilizaciones y actos en Constitución.

Estos conflictos chocan con la burocracia sindical, que brinda un cerrado apoyo político a un gobierno guiado por imponer un ajuste sobre los trabajadores, con techos paritarios por debajo de la inflación (como viene de ocurrir recientemente en la paritaria ferroviaria), precarización laboral, ataque a las condiciones de trabajo, y derrumbe de las jubilaciones. En este escenario, las tensiones en torno al salario van a ir creciendo en este período, y poniendo sobre la mesa la entrega de las direcciones sindicales. Es lo que muestra el contraste brutal con lo conquistado por el Sutna, que acordó con el aval masivo de sus trabajadores un 54% de aumento y una cláusula que asegura cinco puntos por encima de la inflación, o como señalamos más arriba con la heroica huelga de trabajadores de la salud neuquinos.

Mientras los contagios y muertes por Covid-19 se suceden y “estresan” el sistema sanitario que se acerca a un punto de colapso, el gobierno de los Fernández emite una resolución a pedido de los capitalistas para que los trabajadores que integran grupos de riesgo vuelvan a ser convocados a trabajar ni bien recién una dosis de la vacuna. Esta misma línea de ajuste del gobierno es la que determinó la quita del IFE y las ATP. Ahora incluso amenaza con quitar programas a las organizaciones piqueteras independientes del Frente de Lucha Piquetero, lo que motivó una reacción con anuncio de cortes y movilizaciones. Este rumbo consecuente del movimiento piquetero que lucha, al punto de convertirse en uno de los factores más dinámicos de la lucha de clases en nuestro país, obligó al gobierno a otorgar un nuevo compromiso.

Toda la política del gobierno está condicionada por la crisis económica, sanitaria, el rumbo de ajuste que dicta el FMI y las fuertes tensiones sociales. En este cuadro es fundamental darle impulso y apoyo a todos estos sectores en lucha, en la perspectiva de derrotar el ajuste del gobierno y el FMI, con el que no difiere la oposición macrista. Desarrollando estos conflictos se abona la tarea de expulsar a la burocracia sindical de las organizaciones obreras, y abrir un rumbo independiente y de clase.

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