La tapa del martes 26 del diario Clarín orquesta un ataque evidente contra los trabajadores del Estado mediante el título "Solo 3 de cada 10 empleados públicos cobraron el premio por presentismo". La operación es muy sencilla: apunta a la justificación de los despidos masivos que prepara el gobierno. Y es tan burda que el periodista ni se gastó en colocar, al menos para disimular, alguna voz de los trabajadores contraria a ese discurso. La nota es puramente propaganda de la patronal macrista.

Sucede que si se consultara a los trabajadores del Estado, se verificaría fácilmente por qué es tan difícil cobrar el presentismo: al enfermar, se pierde. Al cuidar a los hijos u otros familiares que se enferman, se pierde. Al usar los días por estudio legalmente reconocidos, se pierde. Si se participa de un paro, se pierde, constituyendo un elemento extra de desorganización y regimentación. Lejos de ser un premio, el presentismo es un castigo, que penaliza a los trabajadores que utilizan licencias establecidas en el convenio. Como oportunamente destacamos, es un punitivo que se descarga particularmente sobre las mujeres trabajadoras, pues en este régimen social son las que afrontan más que nadie los cuidados de niños y enfermos.

Cuando los alcahuetes del gobierno sostienen que este tipo de licencias justificadas por cosas tan elementales "no se consiguen en el empleo privado", confiesan el verdadero objetivo de estas "reformas": empujar hacia abajo las condiciones de vida del conjunto de la clase obrera. O sea, lo contrario a "nivelar para arriba". Por otro lado, es preciso destacar que una gigantesca masa de estatales ni siquiera cuenta con estos derechos que el presentismo castiga. Ocurre que el Estado en todas sus variantes es puntal en precarización laboral, con factureros y contratos basura de todo tipo. Sobre esa base –un "gran legado" del kirchnerismo– se han simplificado los despidos que impulsa el gobierno de Macri.

La génesis de este presentismo que hoy es utilizado como bandera para aplicar despidos masivos es ilustrativa de las dificultades que enfrentamos los estatales para salir a luchar, centradas en las direcciones de nuestros sindicatos. Así, UPCN firmó este ataque al convenio en la última paritaria, que incluyó una pauta salarial a la baja, y una cláusula de "productividad",  concepto que reforzará la discrecionalidad de la patronal para negar ascensos e incluso despedir.

ATE en sus diversas variantes ha rechazado de palabra esta política, pero ¿de qué forma? Los compañeros y compañeras de Tribuna Estatal hemos  sido sistemáticos en rechazar que una sucesión de medidas inconexas constituya un "plan de lucha". Eso requiere, por el contrario, preparación y, especialmente, la convocatoria de asambleas sin distinción de afiliación. La Verde de ATE Nacional es reacia a sostener esta orientación –como ejemplo, recién el martes 26 hubo un flaco plenario de delegados, tras larguísimos meses sin nada. Sus vínculos con la política patronal la llevaron a poner candidatos en listas de Cambiemos, y a avalar paritarias a la baja y medidas flexibilizadoras, como en Mendoza o en el Hospital Posadas. La kirchnerista Verde y Blanca, conducción de Capital, se reclama alternativa, pero carece de cualquier autoridad para ello, tras haber entregado sin luchar a los despedidos de Energía, con un acta de paz social redactada por Aranguren. Es la consecuencia de formar parte de una corriente que firmó el pacto fiscal a Macri (Alicia Kirchner) y que promueve el seguidismo a la burocracia sindical.

Los trabajadores y trabajadoras estatales tenemos que salir a luchar contra esta ofensiva despiadada. Para enfrentarla, necesitamos una asamblea general de afiliados, al menos del área metropolitana, pues sería una extraordinaria demostración de fuerza reunir a decenas de miles de trabajadores y organizar ahí un plan de lucha. Para ello, promoveremos pronunciamientos por esta orientación. El paro con movilización a Modernización resuelto para el 4 de enero por ATE Nacional debe ser impulsado con toda energía, para enfrentar los despidos y la precarización que pretende imponer el gobierno.