Amén del acatamiento masivo de los trabajadores, el paro del 29, dominguero y sin continuidad, fue concebido por la cúpula de la CGT como una medida para descomprimir la bronca popular, y para posicionarse en la interna del PJ en la fase final de negociaciones por los lugares en las listas.

En este cuadro, los fondos de las obras sociales confiscados por el Estado han vuelto al centro de la mesa de negociación entre el gobierno y la burocracia sindical, como moneda de cambio para evitar cualquier otra acción durante el proceso electoral. Para una conducción sindical que escapa como a la peste a una irrupción obrera contra los ataques del gobierno y el régimen del FMI, se trata de un botín muy preciado.

En esa dirección apuntó el mensaje de Daer en la conferencia de prensa de la CGT durante la jornada, bajo el eufemismo de atender la salud de los trabajadores. Para la burocracia, la devolución de esos fondos es motivo suficiente para entregar al movimiento obrero a una ofensiva brutal contra sus condiciones de trabajo y de vida. Ello, porque manejan las cajas a su arbitrio mientras recortan cada vez más prestaciones a los afiliados. 

Ese es el contenido del acuerdo al que llegaron en marzo la conducción cegetista y la Superintendencia de Servicios de Salud, de proceder a la “protocolización” (recorte) de la entrega de medicamentos para enfermedades de alta complejidad.

En el mismo sentido va la intención de crear una Agencia Nacional de Evaluaciones Técnicas para blindarse ante las demandas de los afiliados por incumplimientos en las prestaciones, y de brindar un servicio “de segunda” a los monotributistas (por debajo del Plan Médico Obligatorio).

El gobierno, por su parte, en abril había vuelto a anunciar por decreto la devolución de parte del dinero confiscado. La modalidad sería depositarles este año la suma de 13.700 millones de pesos, y un cronograma de pagos mensuales para llegar en 2027 a la totalidad de 32.000 millones. El compromiso, de todas formas, es de cumplimiento incierto, e incluso podríamos decir que es de incumplimiento seguro. 

Ya en agosto de 2016 un decreto presidencial había establecido la devolución de 27.000 millones retenidos por el Estado durante los gobiernos de los Kirchner, que utilizaban esta exacción para regimentar la relación con los sindicatos. Macri, de todas formas, nunca concretó aquel desembolso porque le tomó el gustito a esta retención de dinero que corresponde a las obras sociales como mecanismo de extorsión para que las conducciones gremiales entreguen las conquistas de los trabajadores. De hecho, el gobierno busca explotar en su favor las divisiones de la burocracia para aislar a los sectores más explícitamente opositores, dejando afuera del reparto a gremios como Camioneros.

La confiscación de los fondos de las obras sociales es una estafa por parte del Estado contra los trabajadores. De por sí, ameritaría acciones de lucha hacia la Superintendencia de Servicios de Salud para que devuelvan en forma íntegra la plata que en realidad corresponde a los afiliados. Pero la burocracia no desarrolló medida de lucha alguna, sino que se limitó a negociaciones con funcionarios a cambio de acompañar, entre otras medidas, la reforma laboral antiobrera –que finalmente nunca pudieron aprobar luego de las jornadas de diciembre de 2017. El motivo por el cual nunca pelearon en regla por este reclamo es que las conducciones sindicales han montado todo tipo de negociados con la tercerización y la privatización de los servicios médicos que brindan a los afiliados. El dinero en cuestión, en manos de estos burócratas, no irá nunca a mejorar las prestaciones que reciben los trabajadores.

Para defender las obras sociales del desfalco es necesario no solo derrotar la confiscación del Estado, sino también expulsar a la burocracia de los sindicatos para que vuelvan a ser de los trabajadores.