A la reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que se realizó el lunes 22 concurrieron representantes de cámaras patronales para opinar sobre los proyectos de ley sobre el teletrabajo (también llamado trabajo remoto). Hay 18 proyectos en discusión, uno del bloque del Frente de Izquierda presentado por Romina Del Plá (PO) y acompañado por Nicolás Del Caño (PTS).

La pandemia obligó a miles de trabajadores a aceptar el sistema de teletrabajo desde su domicilio. Previamente, los avances tecnológicos han ido modificando en las últimas décadas las formas de trabajo de amplios sectores de asalariados. Se calcula que el 30% de la mano de obra está trabajando bajo esta modalidad laboral. Esto le ha dado un carácter relevante y de urgencia el tratamiento de una ley que reglamente el teletrabajo.

Ocho representantes empresarios intervinieron con sus propuestas. La tónica inicial la dieron dos intervenciones de dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuya preocupación es que una ley no quite “incentivos” a las patronales, y se oponen a que la norma entre en vigencia antes de 180 días después que se acabe la pandemia. En el ínterin las patronales harían lo que quieran, imponiendo nuevos status de flexibilidad y una reforma laboral de hecho.

Sin pelos en la lengua, los representantes de la pequeña y mediana empresa (Pymes) explicitaron este objetivo antiobrero. Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), amenazó indirectamente con el lock out y el despido de trabajadores si las normas que se votan no son del agrado de la patronal. “¿Y si no se pueden pagar?”, dijo. Dial, de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) acordó con la UIA y la CAC rechazar explícitamente ciertos puntos de los proyectos que elevaran los costos. Sin nombrarlo, se refirió al proyecto del FIT para plantear que las Pymes no podrían solventar el costo del alquiler de un monoambiente que permitiera al trabajador laborar en condiciones mínimas de salubridad y no rodeados por sus familias en condiciones precarias (algo que fija el artículo 9° de dicho proyecto).

Julián Moreno, de Apymes, planteó que habría que cambiar el régimen de trabajo pasando de un horario fijo de trabajo a un sistema por objetivos. Esto es retroceder dos siglos: reintroducir el llamado trabajo a destajo, por pieza de trabajo (o informe) elaborado. ¿Y si ese objetivo, lleva más tiempo que a las 8 horas de trabajo? “Mala suerte”: hay que seguir trabajando hasta llegar al mismo. La jornada laboral se vuelve así sin límites.

La conciencia de esta situación llevó al representante de las patronales Pyme a plantear que se podría discutir un plus salarial del 30% (que serviría también para cualquier sobre costo en mayores gastos del trabajador: uso de luz, internet, etc.). Una extorsión apoyada en los bajos salarios y en las reducciones salariales que se están imponiendo, y que significan un poco más de pan para hoy y superexplotación para siempre. Esta posición fue acompañada por todos los oradores patronales. Montalblati, de la Cámara de Tecnología, Informática y Comunicaciones, fue más allá todavía, reivindicando la necesidad de aceptar “acuerdos individuales” para “horarios no convencionales”, lo que es un ataque a los convenios colectivos de trabajo. Se quiebra el principio de la contratación colectiva para volver a la arbitrariedad de los deseos del patrón. Montalblati planteó que era difícil controlar el horario de trabajo y por eso se necesitaba objetivos que midieran la productividad y eficiencia.

Cerrando este bloque de empresarios intervino Candelo, de la Cámara del Software, quién señaló que en el pasado una reglamentación terminó con la modalidad introducida por la llamada ley de pasantías, que era la legitimación del uso mano obra juvenil con bajos salarios porque se aducía que contribuía a su “formación laboral”. Hizo referencia también al trabajo contratado por y con el extranjero, y protestó porque mano de obra calificada es llevada al extranjero.

Nuestra compañera Romina Del Plá, cuando intervino más tarde, le señaló que la emigración de trabajadores y profesionales calificados se debía a los bajos salarios que pagan las patronales argentinas. El proyecto de ley con su firma plantea también el control sobre el uso de trabajadores extranjeros, que trabajan a distancia (call centers, etc.) desde sus países de origen con salarios menores, a los que usan las patronales para introducir una competencia internacional a la baja de salarios. En su artículo 21, el proyecto del FIT señala que en caso de ser necesario dicho tipo de contratación “se aplicarán las normas legales y convencionales del lugar de ejecución de las tareas o del domicilio del empleador, según sea más favorable para el trabajador/a”.

Las patronales ven la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca en su política de flexibilización y reforma laboral antiobrera. Los representantes patronales dicen que el piso de derechos laborales debe ser bien mínimo, e introducir las modificaciones antiobreras como las que hemos denunciado en esta nota. Afirman que la reglamentación concreta debiera ser pautada en las negociaciones paritarias de los convenios colectivos.

Las cámaras empresarias confían para ello en las burocracias sindicales colaboracionistas, que han venido entregando conquistas y salarios a espaldas de la voluntad de sus trabajadores. En los convenios se puede y se debe discutir, pero para acrecentar las mejoras en favor del trabajador, no para disminuirlas por debajo del piso legal. Sino, ¿para qué queremos una ley de 8 horas de trabajo o de aguinaldo? Se podría discutir en cada gremio o empresa por separado (y en algunos casos las burocracias han entregado las 8 horas) y ahora el gobierno mismo amenaza con el pago en cuotas del aguinaldo como tendencia a su disolución.

Para los trabajadores se trata de sacar una ley contra los abusos y la superexplotación por parte de las patronales, que establezca un piso mínimo de derechos para los trabajadores. En su intervención, la diputada del Partido Obrero denunció que “necesitamos defender los derechos de los trabajadores ante los mecanismos de precarización que vienen utilizando para imponer modificaciones del convenio colectivo, rebajas salariales y desembarazarse de la provisión de instrumentos laborales”.

Las Pymes, que están siendo golpeadas por la crisis, hacen causa común con los monopolios contra los trabajadores. La burocracia de los sindicatos llama todo el tiempo a marchar junto a las Pymes, voceras de la rapiña antiobrera que impulsa el gran capital.