La agrupación Trabajadoras de Casas Particulares, moviliza en conjunto con UTDA (Unión de Trabajadores Domésticos y Afines) desde Plaza de Mayo al Ministerio de Trabajo para exigir una respuesta ante una situación laboral que se agrava al calor de la pandemia. Una acción común que se realiza bajo un acuerdo programático expresado en los reclamos del sector, uno de los más golpeados por la crisis.

Las trabajadoras de casas particulares vienen sufriendo todo tipo de abusos patronales en el marco de la precarización laboral. Desde descuentos y suspensiones, hasta la obligatoriedad de trabajar sin protocolos de seguridad e higiene, pese a ser una actividad no declarada como esencial. En algunos casos, la concurrencia al trabajo se logró a partir de la artimaña de su recategorización como “tareas de cuidado de personas” (categoría 4), permitidas en este contexto.

Frente a esta situación el gobierno sigue hundiendo en la miseria al 1.4 millones de mujeres que componen este gremio. Su acción hasta ahora solo se limitó al otorgamiento del IFE (equivalente a 10 mil pesos) y con restricciones como su incompatibilidad con el cobro de planes sociales por parte de otros miembros de la familia, o arbitrariedades como ser descontado el monto como parte de sus haberes. Asimismo, el Ministerio de Mujeres y Diversidades brilla por su ausencia ante el gremio más feminizado del país, donde la mayor parte de trabajadoras son jefas de hogar y ven imposibilitado sostener a sus familias en medio de una crisis que hunde casi al 50% del país a la pobreza y con los niveles de desocupación más altos desde el 2004.

La movilización conjunta que preparamos está orientada centralmente a exigir que ya mismo se aplique un aumento de emergencia para el sector que coloque el salario por 8 horas de trabajo en un monto de $36 mil cuando hoy se encuentra en 18 mil pesos. Este es un punto de partida para una serie de reclamos para la actividad que incluye el acceso a la Obra Social, el registro de todas las empleadas que se registraron frente al Estado, los protocolos de cuidados y los mecanismos de control y cumplimiento de los mismos, e incluso la cuestión jubilatoria ya que la discriminación en las que incurre el régimen especial que las reagrupa las condena a ser acreedoras sólo de una jubilación mínima.

La “mesa de mujeres sindicalistas” de la Corriente Federal, luego de meses de absoluto silencio emitió un texto con las firmas del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), que en la paritaria del sector representa a la parte patronal, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que no movió un dedo por las trabajadoras jamás y Cuidadores de la Casa Común, una organización de la Iglesia Católica. En dicho texto no refirió a una sola reivindicación concreta del sector. El kiosko de UPACP es la obra social y los cursos de capacitación, como ocurre con tantos otros sindicatos burocratizados.

Revertir esta situación es el gran desafío de las trabajadoras de casas particulares, organizándose bajo la independencia política de las direcciones sindicales para quebrar el pacto social y conquistar sus reivindicaciones. Este es el camino que bajo la pandemia abrió la acción de la Agrupación Trabajadoras de Casas Particulares – CSC, que con esta acción concretará su tercer movilización, una de las cuales tuvo un carácter nacional.

El viernes movilizamos por aumento salarial del 100%, protocolos de seguridad e higiene, reincorporación de despedidas, subsidio de 30 mil pesos a desocupadas y registro a todas las trabajadoras informales.