DONNELLEY

El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, pidió la detención de los directivos de RR Donnelley “por hacer trampa e inventar una quiebra fraudulenta”. El carácter fraudulento de la quiebra está fuera de toda discusión; Donnelley era una empresa solvente La denuncia de la Afip no hace otra cosa que recoger informaciones que ya han sido divulgadas.

Donnelley, según datos del balance de la empresa, “tenía un activo de 183,8 millones de pesos, y un pasivo de 145,2 millones, con lo cual contaba con un patrimonio neto de 38,5 millones de pesos”.

El balance “registra ganancias reservadas para una futura distribución de dividendos superiores a los 20 millones de pesos. La empresa había recibido en abril último “un aporte de 3,04 millones de pesos y en los estados contables se indicó que eso significó la confianza de sus accionistas en la continuidad del negocio (…) y tenía pendiente de cobro reintegros de exportación por 1,1 millones de dólares” (Urgente 24, 26/8).

Esos datos públicos no fueron un obstáculo para que el Ministerio de Trabajo le otorgara el Repro, un subsidio para empresas en crisis. La Afip tenía cajoneado el pedido de la empresa para acogerse al régimen preventivo de crisis. O sea que el querellante, la Afip, ha sido cómplice del estafador, Donnelley. Lo mismo vale para los avales políticos otorgados por el Ministerio de Trabajo. Donnelley cuenta entre sus accionistas a los fondos internacionales que están comprando bonos y acciones de YPF a la baja, para entrar en el “pago soberano” a la suba que propone el gobierno.

Luego de la denuncia, el jefe de la Afip, Echegaray, rechazó de plano que el Estado pueda “hacerse cargo de la empresa” (Urgente 24, ídem). En lugar de proceder a la expropiación de Donnelley, el gobierno está buscando aplicar la ley de quiebras reformada.

Reforma tramposa

La última reforma de quiebras otorga una prioridad para hacerse cargo de la empresa a los trabajadores, bajo la forma de una cooperativa, pero para ello deberán canjear sus créditos laborales (salarios adeudados, indemnizaciones) por el capital de la empresa. En lugar de cobrar lo que se les debe, los obreros deberán salir al rescate de la compañía.

La adjudicación de la empresa, por otro lado, está lejos de ser un mecanismo directo y cristalino. Los trabajadores quedan enredados en la quiebra, a merced del juez y de las operaciones judiciales de los acreedores.

La compra está condicionada por la tasación de los activos de la empresa (cuya valuación debe hacerse , de acuerdo a la nueva ley, a precios de mercado).. Esto pone a los trabajadores de una cooperativa en competencia con cualquier capitalista que pueda reunir recursos de los bancos. En la transición, los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas; además deberán financiar la puesta en marcha de la empresa.

Estamos frente a una extorsión. Donnelley tiene que ser expropiada sin resarcimiento alguno. Que el Estado se haga cargo de la empresa y la ponga a funcionar bajo control y gestión de los trabajadores.

Pablo Heller