Como parte de una escalada de violencia hacia las y los trabajadores de la educación (amenazas de muerte, agresiones, insultos, etc.) de parte de adultos externos a las escuelas, la seccional Plottier lanzó la convocatoria a una clase pública/asamblea para decidir acciones. En el mismo sentido la seccional Capital convocó a la suya y realizó una movilización a Casa de Gobierno. Ante estas iniciativas de seccionales Multicolor, la seccional Centenario (dirigida por el TEP-Celeste) y porque el tema es una “papa caliente” para la burocracia, se vio obligada a coordinar con las autoridades educativas un “cambio de actividades” en las escuelas el mismo 28 de setiembre.

Esto desató una furibunda campaña extorsiva del sobischista ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, contra dicho reclamo, centrándolo sobre las seccionales Multicolor.

La respuesta fue maravillosa: en Capital se duplicó la asistencia de la vez anterior y en Plottier se triplicó. Las bases respondieron masivamente a las convocatorias, demostrando que si no hubo una medida masiva a escala provincial, es solo por el férreo acuerdo que sostiene el TEP-Celeste con el MPN, jugando su papel como factor de parálisis y contención.
Sobre el reclamo masivo de un trabajo en condiciones seguras, tanto en lo edilicio como respecto a la violencia externa a la escuela, la conducción provincial baradelista se ha limitado a pedir al Consejo de Educación la “intervención de los equipos interdisciplinarios (Eaopie) a los cuales se les debe asignar la tarea de abordar las situaciones acompañando a los equipos directivos y docentes”. Un saludo a la bandera, porque los Eaopie no tienen recursos humanos ni materiales ni para empezar tal tarea y porque en realidad para el CPE esas agresiones y amenazas representan su propia política de estigmatizar a las y los trabajadores de la educación y buscan quebrar la moral de lucha para facilitar la implementación a fondo del ajuste fondomonetarista.

Es decir, la burocracia sindical, y menos el CPE, hará otra cosa que fingir que se preocupa.

La Resolución 1259/2015

Esta Resolución establece un pomposamente denominado “procedimiento ante situaciones de agresión física o verbal de un adulto externo a la institución escolar dirigida a un adulto personal de la misma”, que hace siete años es letra muerta. En primer lugar porque como ya se dijo el CPE fogonea esas agresiones y porque en todo ese “procedimiento” no hay una sola medida concreta, como sería el cese inmediato de tareas en la escuela donde se produzca el hecho.

Por el contrario se trata de un largo glosario que aconseja “disimular” esa violencia externa “evitando que lo acontecido cobre mayor repercusión en el ámbito institucional”. Pero, ¿qué mayor repercusión” en una escuela que una agresión o amenaza de muerte contra un o una trabajadora de la educación.

Ante tales casos se debería actuar manteniendo “una actitud de apertura con y hacia la comunidad, sin estigmatizar”. No se autoriza a actuar con firmeza respecto a quien “estigmatiza” para que cese la agresión inmediatamente. Por eso quienes agreden o amenazan saben que sus acciones gozan de protección oficial.

Tambien aconseja a los equipos directivos tomar “nota en acta de las razones del enojo”… del agresor. Lo cual, obviamente, otorga licencia a esa agresión como método eficiente para exponer las razones de un “enojo” que lo lleva a la agresión. Luego la Resolución dicta una serie de recomendaciones de dejar todo asentado “en actas” y trámites.

Finalmente, como no podía ser de otra manera, en consonancia con el TEP-Celeste, la Resolución manda a solicitar la “asistencia y orientación profesional” del Eaopie (hay uno por distrito educativo, o sea para atender decenas de escuelas).

La extorsión ministerial… y de la burocracia

Al unísono, el gobierno y la burocracia del TEP-Celeste proclamaron “mano dura” contra los miles de trabajadoras/es de la educación que se movilizaron. El ministro anunció descuentos salariales y calificando de ilegal las acciones de Capital y Plottier “en virtud de que no existe agravio o afectación de derechos laborales que justifiquen tal medida”.

Por su parte la secretaria adjunta del TEP-Celeste anunció “sanciones contra Aten Capital” a través de los medios.

Solo un ministro que finge ignorar que parte de su responsabilidad es asegurar condiciones para un trabajo seguro en escuelas seguras, puede afirmar que “no existe agravio o afectación de derechos laborales”. Eso para su criterio no forma parte del derecho laboral, eliminando así de un plumazo gran parte de la legislación del trabajo.

Es una campaña gubernamental contra la docencia para quebrarla y aplicar las reformas antieducativas y antilaborales. Y en esto el ministro Llancafilo no se aparta un milímetro de la política de los Larreta y los Fernández. Ni siquiera de los Espert o “libertarios” que no se cansan de pedir balas contra los derechos laborales.

La conducción baradelista de Aten teme como a la peste convocar a asambleas en estas condiciones. Sabe que las reformas antieducativas que comparte con el gobierno, no pueden prosperar si no es en un marco antidemocrático, verticalista y autoritario. Y saben que su cotización a los ojos del gobierno nacional y provincial deviene de su poder de contención. Por eso no se anima a abrir la menor instancia de deliberación o acciones colectivas.

El 28 de septiembre no solo el ministro del sobischismo recibió una contundente respuesta, es apenas lo que más temprano que tarde será un plan de lucha y una nueva rebelión que deberá ser al estilo “elefante”.

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