La aerolínea Latam informó que despedirá a 1.400 trabajadores de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. A esto se suman recortes salariales del 50%, retiros voluntarios y un inminente pedido de acogerse a la ley de quiebras en Estados Unidos.

La noticia generó un fuerte rechazo e indignación entre los trabajadores, ya que hace menos de un mes la compañía repartió entre sus accionistas más de 57 millones de dólares, lo que muestra que la plata está y que la intención de la empresa es hacerle pagar la crisis a los trabajadores.

A las utilidades repartidas por el periodo 2019, se agrega la utilidad neta de 182 millones de dólares en 2018 y de 155 millones en 2017, un excedente producido por los trabajadores y dilapidado por la patronal en años anteriores.

Estos despidos demuestran que de ninguna manera la aceptación de rebajas salariales para “ponerle el hombro a la empresa” colabora con el sostenimiento de los puestos de trabajo, como pregonan ciertas burocracias sindicales que aceptaron las rebajas en Chile y Perú.

Ocurre más bien todo lo contrario, ya que el no luchar contra los avances de la empresa lleva a la desorganización y desmoralización en el colectivo de los trabajadores, lo que prepara las condiciones para hacer pasar nuevos ataques, despidos incluidos.

En el caso de Argentina, ha generado un fuerte rechazo que los fondos de la Anses hayan ido al pago del salario de la CEO de Latam Rosario, Altgelt, quien es la responsable directa del recorte salarial del 50% que se les impuso unilateralmente a los trabajadores.

En nuestro país, los sindicatos mayoritarios, presionados por la base del gremio, han rechazado la propuesta empresarial de recorte. Pero esto no evitó que la patronal descontara de manera ilegal y unilateral, con la vista gorda del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que incluso llegó a declarar en medios periodísticos que desconocía el conflicto en Latam. Tan escandalosa está siendo la actitud del gobierno que los sindicatos aeronáuticos oficialistas tuvieron que salir a denunciar al ministro.

La política de las burocracias sindicales, de buscar una solución al conflicto mediante una Resolución de un Ministerio de Trabajo que ya demostró que es cómplice de la empresa, está condenada al fracaso.

Hoy más que nunca está planteada la convocatoria a asambleas en todos los sectores y la realización de un plan de lucha que incluya la paralización de los sectores que todavía se encuentran activos y movilizaciones que respeten el distanciamiento social. A esto se debe agregar la coordinación de acciones comunes con los trabajadores del grupo en los otros países del globo.

Frente a la negativa de la empresa de devolver los salarios, planteamos que se abran los libros y se nacionalice la empresa bajo control de los trabajadores.