En la lucha de Brukman, la clase trabajadora tiene ante sus ojos un claro ejemplo de cómo la división de los poderes del Estado es un mecanismo para proteger los intereses de la clase capitalista.

El gobierno, por un lado, concurre diariamente a la carpa para presionar a los obreros con el objetivo de que no tomen medida de lucha alguna, con la falsa promesa de proceder a la expropiación. Pero para llegar a este fin ponen como condición la declaración de quiebra de la empresa, lo cual resulta, a la luz de otros ejemplos de fábricas recuperadas, un falso requisito. Para obtener la expropiación no se necesita una declaración judicial de quiebra sino una decisión política.

Como si esto fuera poco, les dijeron a los trabajadores que habían solicitado la declaración de quiebra a través de la Afip, puesto que existe una importante deuda de la empresa con este organismo. Esto es falso. La petición la formula el Banco Nación, por una deuda mucho menor; pero la Afip no se presentó.

Por otro lado, la jueza Ballerini, que lleva adelante el concurso preventivo de los Brukman, ha llegado muy lejos en la protección de los vaciadores. En efecto, el Estado, a través del Banco Nación, manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta ofrecida por los Brukman (puesto que la misma es irrisoria) y solicita se decrete la quiebra porque la concursada no cumplió con los requisitos legales para la procedencia de su propuesta. La jueza concede a los Brukman una extensión del plazo, por el término de veinte días hábiles, para que presenten otra propuesta, aun cuando reconoce el incumplimiento de las exigencias de la ley por parte de éstos; pero resuelve la extensión, a pesar de la oposición del Banco Nación y haciendo caso omiso de esa presentación.

Todas estas actitudes son una clara demostración, para los obreros de Brukman, de que sólo la lucha consecuente los va a llevar a obtener la expropiación y no las falsas promesas de un gobierno que defiende a los capitalistas y vaciadores con la complicidad del aparato judicial.