Luego de casi cinco meses de intensa lucha, los trabajadores y las trabajadoras de Infosic / Infofax han obtenido un rotundo triunfo. Han obligado a los patrones (el grupo Devicom-Media Strategy, asociado con el consultor del poder Mansilla) a buscar otra alternativa: tuvieron que traspasar la empresa. Los nuevos dueños (el grupo Invermedia, en el que revisten Spolsky, Sokolowicz y Ramiro Agulla, entre otros) han aceptado respetar las actuales condiciones de trabajo y la totalidad de la planta laboral. Han anunciado, además, que respetarán los plazos que marca la ley para el pago de los sueldos y aguinaldos, y otras reivindicaciones levantadas desde hace mucho.

Los ex patrones de la empresa periodística habían anunciado una reestructuración que incluía una rebaja salarial del 35% en promedio y el despido de 25 compañeros. La alternativa a esta opción, decían, era el cierre y la pérdida de los 100 puestos de trabajo: si los trabajadores no aceptaban estas premisas, los salarios no iban a ser pagados. Pese a estas amenazas, los trabajadores decidieron luchar.

La difusión del conflicto logró sobrepasar la barrera de silencio que las patronales de la comunicación establecieron. Los trabajadores supieron aprovechar las elecciones porteñas ya que la patronal, no quería afectar sus profundas relaciones con Macri y con Ibarra. Desde otras empresas periodísticas se demostró la solidaridad de clase mediante diversas colectas de los trabajadores para el Fondo de Lucha, a pesar de que la burocracia no elaboró un volante ni un afiche (reclamado por los trabajadores en asamblea) y ni siquiera dedicó una línea de su periódico.

La cobertura solidaria se logró a través de la intervención de otras internas combativas del gremio y la relación que los trabajadores establecieron con el movimiento piquetero. Así, participaron tanto de la ANT de Lanús como de la gran marcha del 3/9, en la que una columna de piqueteros del Bloque Nacional acompañaron a los trabajadores para hacer un escrache a las lujosas oficinas patronales. También nos movilizamos al debate Macri-Ibarra, obteniendo la atención de las cámaras televisivas con una ruidosa columna.

En el Ministerio de Trabajo persiguieron a huevazos al gerente general de la empresa, ante sus anuncios vacíos. En el interior de la compañía comenzaron paros de incremento progresivo. Estas acciones obligaron a la empresa a abonar los salarios.

Esta situación produjo un debate entre los trabajadores: ¿qué hacer frente a una patronal que aduce una crisis terminal? En principio, la crisis no nos constaba y, de existir, debían pagarla quienes se habían enriquecido con la compañía a lo largo de los años anteriores y no el personal que la sostenía. Esta caracterización produjo una política de clase en defensa de los intereses de los trabajadores: se debía formar una Comisión de Fiscalización que abriera las cuentas de la empresa y tuviera poder de veto, y se debía establecer una Mesa de Trabajo con el Estado para analizar diferentes alternativas frente al curso de una patronal que había demostrado ser negrera. Esta propuesta fue defendida por la asamblea y por la Comisión Interna en las negociaciones en la cartera laboral. Mientras tanto, la lucha y la acción directa continuaban. Los trabajadores eran conscientes de que de ellos dependía la manutención de la fuente de trabajo, esto es, la gestión obrera.

Una vez más, los asalariados hemos demostrado que, cuando llevamos adelante una orientación clasista, somos los únicos garantes de la estabilidad y la manutención de los derechos laborales. Y que frente al chantaje de “la crisis”, la acción directa es la única alternativa efectiva. Resulta necesario que esta política sea levantada por un gremio que comienza a ponerse otra vez de pie.