El parlamento aprobó, con una rapidez asombrosa, la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. En la aprobación de 140 votos contra 83, el oficialismo tuvo un aliado fundamental: el PRO, que votó masivamente por la ley. Lo hizo el día después de sacarse “la foto” con Moyano.

La actitud de los parlamentarios sindicales que responden a Moyano frente a la ley fue de una cobardía sin límites, pues no votaron en contra. Simplemente, se ausentaron del recinto. Finalmente, la abstención del ex cerebro legal de Moyano -Recalde- se consumó con los números cantados y, como veremos, para seguir actuando en la vereda del gobierno.

La patronal argentina festejó la votación. Su principal asesor laboral, el abogado Funes de Rioja, es el verdadero impulsor oculto de esta nueva Ley. En su nefasta historia, la masacre de las ART llevó el nivel de los juicios de 3.000 a 70.000. Estamos hablando de la friolera de unos 21 millones de dólares en concepto de indemnizaciones. La llamada “industria del juicio”, que tanto atacaron Picheto y Rossi en ambas Cámaras, sólo puso de relieve la inmensa depredación laboral del sistema de las ART, que no reconoce nada que no sea un infortunio gravísimo para el trabajador.

Página/12 la llama “la ley corta”, por su carácter incompleto. Lo que oculta el diario es que todavía preparan un mayor avance sobre las conquistas laborales. De las enfermedades que han elevado a miles los juicios de los trabajadores, hay tres que las ART desconocen de hecho: la lumbalgia, las hernias y las várices.

La ley no establece aún, en absoluto, los criterios a seguir en este aspecto, ni sus resarcimientos. Ya conocemos la posición de la Presidenta sobre la “tendinitis” de los compañeros del subte, como un adelanto de las posiciones patronales al respecto. Esta cuestión se comenzará a discutir esta semana con la burocracia sindical. Han sido citados por el gobierno las ART, las cámaras patronales, la CGT-Balcarce, el sector de Yasky y el propio Recalde -ahora, de hecho, en otras funciones- para establecer un criterio sobre las enfermedades.

La nueva ley de ART ya aprobada va a generar una polémica legal de inconstitucionalidad, por la discriminación que sufre el trabajador accidentado respecto de un derecho universal como es el acceso a la Justicia. Algunas grandes patronales lo admiten, pero señalan que ganarán tiempo y que lograrán frenar, en parte, los litigios laborales. La clase obrera deberá enfrentar esta ley en sus propios lugares de trabajo, con la quiebra de dos cuestiones que son la madre del 80% de las enfermedades laborales: la flexibilización laboral y la falta de inversión en seguridad.

En nombre de la “prevención”, el FAP ha presentado proyectos donde promueve la creación de comités de seguridad e higiene obrero patronales. Es la línea que se ha mostrado impotente en Santa Fe, donde los cordones industriales están a la cabeza de las muertes en las fábricas por accidentes laborales. Nada dicen de los ritmos de producción agobiantes, del salario a destajo en las cláusulas de presentismo o de la nula inversión de las patronales -factores decisivos en los accidentes laborales.

Un seguro del Estado bajo control de los trabajadores sería lo único que eliminaría esta situación. En los lugares de trabajo: comisiones obreras, electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales. A su vez, la cuestión debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes especiales elegidos por los trabajadores. No hay que olvidar nunca que la mejor “ley” sobre enfermedades laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general del ’75. Allí, se impusieron en los convenios de ese año las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por Alfonsín, Menem, De la Rúa y los K, sólo se actúo destruyendo los convenios del ’75.

La anulación de todo el régimen de las ART y las banderas planteadas tienen que formar parte del programa del paro nacional que está en discusión y que la burocracia sindical se niega a convocar.