28/07/2011 | 1187

Ley del teleoperador: primeras observaciones

Los senadores Mestre (UCR) e Higonet (PJ) de Córdoba han presentado en el Senado nacional un proyecto de ley de protección del teleoperador. Que el proyecto surja en Córdoba no es una casualidad, puesto que es una de las regiones donde más desarrollada se encuentra la actividad de los call centers, que hoy emplea por lo menos a 60 mil personas en el país.

Un anteproyecto de ley del teleoperador, redactado hace algunos años por un integrante de la Naranja Telefónica, que recoge parcialmente el proyecto, había sido cajoneado hace algunos años en el Congreso. La reactivación del tratamiento de la actividad en los call centers responde a un fenómeno inmediato, las elecciones en Córdoba, y a fenómenos más profundos: el debate sobre la tercerización y el trabajo precario que precipitó el asesinato de Mariano Ferreyra, el ascenso de luchas en los calls a partir de 2010 y un vasto desarrollo de la actividad en estos años, que obliga al Estado a establecer algún tipo de norma para preservar el negocio.

El proyecto Mestre-Higonet pretende corregir los ‘excesos’ de la actividad, dejando intacta la esencia del régimen: la tercerización, los bajos salarios, la polifuncionalidad y una brutal rotación del personal.

No obstante, la Cámara de Comercio ha salido a enfrentar el proyecto porque establece un aumento salarial al normar que el básico no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil -hoy en 1.840 pesos- y que el trabajo en fines de semana debe abonarse al 100 por ciento. «(en) los fines de semana se triplican los costos, por lo que muchas empresas dejarán de atender a sus clientes los sábados y domingos. Hay entonces 5.000 empleos en peligro», amenazó Diego Fraga (La Nación, 9/7).

El proyecto plantea que la jornada laboral no puede exceder las seis horas por tener características insalubres. Establece también pausas interllamadas de 10 segundos, boxes adecuados, legajo médico para los empleados, entre muchas otras disposiciones. Pero no plantea la formación de ningún ente de control, lo que transformaría el estatuto en letra muerta, debido a la complicidad del Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical con las patronales. Los trabajadores tampoco podrían aducir el respeto del estatuto, porque serían inmediatamente despedidos.

Este es el problema nodal del proyecto. La regulación de la tarea en estos engendros de superexplotación de la juventud es indisoluble de la organización en los lugares de trabajo y de la formación de comités de control electos por los mismos trabajadores.

Este problema y los cuestionamientos de la Cámara de Comercio abren un enorme interrogante sobre el futuro del proyecto Mestre-Higonet y sobre la regulación efectiva de la tarea.

La agrupación clasista Telemarketers en Lucha plantea: reconocimiento de la insalubridad de la tarea con pago de jornada completa -48 horas-, que en ningún caso la reducción de la jornada afecte el salario, prohibición de despidos, comités de control electos por los trabajadores, que el Estado garantice una amplia deliberación del proyecto en los lugares de trabajo, encuadramiento de los agentes en el convenio telefónico o el más favorable para el trabajador, de acuerdo a su tarea.

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