El gobierno “nacional y popular” de la gobernadora Rosana Bertone del Frente para la Victoria, se ha transformado en el gobierno que más lejos ha llevado el ejercicio de la criminalización contra los trabajadores desde la asunción de Macri.

En la madrugada del jueves, el juez Javier De Gama Soler otorgó la libertad de los cinco trabajadores municipales y estatales de Ushuaia. Pero su libertad fue condicionada por la prohibición de acercarse a la gobernadora o a sus funcionarios, y mantenerse alejados a no menos de  200 metros de los edificios públicos (lo cual le impide la participación en asambleas que siguen discutiendo día a día el conflicto, y el acampe frente a la casa de gobierno). Se llega al punto de restringir su libertad, obligándolos a permanecer en sus hogares desde las 22 a las 6.

Los trabajadores liberados son los dirigentes gremiales Horacio Gallegos, Roberto Camacho y Juan Manuel Estefoni, pertenecientes al gremio municipal  SOEM; José Gómez, Secretario General de AFEP y Alejandro Gómez, del SUTEF. Este fallo implica la anulación de toda posibilidad de ejercer sus derechos gremiales.

La excusa para su detención fue el escrache ante el vicegobernador Juan Carlos Arcando del FPV, el 2 de mayo (http://www.po.org.ar/prensaObrera/1409/politicas/tierra-del-fuego-estado-policial-para-garantizar-el-ajuste).

Durante las más de 36 horas que estuvieron detenidos se los mantuvo incomunicados y no se permitió la constatación de su condición física, a pesar de las denuncias de los familiares de los serios golpes recibidos al momento de su detención y de la solicitud expresa de la diputada nacional Soledad Sosa y miembros de organismos de derechos humanos.

Tampoco fueron indagados en ese tiempo, lo que equivale a decir que se los tuvo detenidos sin acusarlos de nada, a la vez que el operativo policial se convirtió en una amenaza contra el resto de los militantes gremiales, que no levantaron el acampe frente a la casa de gobierno e instalaron en forma inmediata una carpa frente al Juzgado. En forma continua circularon amenazas de nuevas detenciones. 

Al momento de indagarlos se les atribuyó los delitos de instigación a la violencia, lesiones, daños y robo (por el handy que perdió un policía). La elección del delito de instigación pública, atribuyendo a los gremialistas haber llamado a violentar la “paz social”, deja al desnudo que el objetivo de la persecución es imponer la paz social a palo y represión, derrotando la huelga.

Lo que pretendió ser un recurso para amilanar a los trabajadores, se transformó en un nuevo incentivo de lucha. También se siguen acercando compañeros a respaldar la lucha, como la diputada neuquina Patricia Jure (PO-FIT), que el 6 visitaba los piquetes en la provincia. Durante toda la jornada del 5 se hicieron en todos los lugares de trabajo asambleas que discutieron no solo el sostenimiento del acampe sino también distintas modalidades de paro y movilización.