El intendente Martín Llaryora no puede hacer pasar una oferta salarial del 19,2 % en cuotas para los trabajadores municipales, frente a una inflación que se aproxima al 40 %. Como el ofrecimiento generó repudio de las bases del gremio pretende imponerlo mediante la represión.

En esa línea, el peronismo presentará en el Concejo Deliberante dos proyectos para modificar el estatuto de trabajadores municipales y otro que modifica el Código de Convivencia. El PJ en el gobierno pretende un Estado policial.

El pasado viernes la Policía de la provincia reprimió salvajemente a la movilización de trabajadores municipales, hubo 8 detenidos, que fueron llevados a la cochera municipal, como en las épocas de la dictadura. Hay un trabajador que participó de la protesta que está preso.

La escalada represiva por parte del gobierno del PJ continúa con la presentación de estos dos proyectos que atentan contra la protesta social, y sientan las bases para realizar despidos. Cabe recordar que Llaryora ya jugó la carta de los despidos para ajustar y aleccionar a los trabajadores municipales.

En plena lucha municipal @MartinLlaryora habilita dos proyectos de ordenanzas q apuntan contra el derecho a la protesta. Preparan un estado represivo para bloquear la reacción popular frente al saqueo de su gobierno en favor de empresarios y especuladores.

— Cintia Frencia (@CintiaFrencia) November 3, 2020

En el caso del estatuto municipal, según La Voz se harían cambios en el artículo 44, en el inciso “i”, que “habla sobre la obligación de ´cuidar los bienes de la comuna´, que cambia a ´proteger y cuidar de manera responsable´ esos bienes”.

En el artículo 45, en el inciso “n” que “prohíbe dirigirse de mal modo a las autoridades municipales, lo vuelve más restrictivo: prohíbe “agredir, amenazar, dañar, lesionar y cometer cualquier otro ilícito en contra de ciudadanos de la vida civil y autoridades” o “referirse en forma despectiva, calumniosa e injuriante y por cualquier medio a los mismos”. Es decir que de acuerdo a la citada fuente, el intendente amplía su regimentación y facultades represivas, puesto que tendrá su discreción las modificaciones que se proponen.

En el caso de la modificación del Código de Convivencia, se “busca sancionar a organizaciones que agredan, amenacen, lesione y cometan ¨cualquier otro ilícito¨ con multas que van de 60 mil pesos a 300 mil pesos”.

El conjunto de trabajadores municipales están en pie de lucha. Sucede que desde marzo Llaryora viene aplicando una orientación de gobierno que tiene a salarios y jubilaciones como la principal variable de ajuste. Vale recordar que el intendente recortó sueldos, y modificó condiciones de trabajo. Por eso, hay en curso un cuadro de movilización por todo un pliego de reclamos, entre ellos, el de una recomposición del salario acorde a la inflación.

Para encubrir su posición anti popular, el intendente a través de las empresas de comunicación pretende poner a las y los trabajadores en calidad de privilegiados. Sin embargo, el gobierno continúo con la tercerización y vaciamiento de áreas operativas, de este modo realiza un negociado con las empresas amigas del poder. Además, incrementó el gasto innecesario en publicidad, cabe recordar que también aumentó la planta política del municipio. A la luz de estos hechos es claro que Llaryora no busca terminar con los privilegios, sino todo lo contrario, los favorece en plena crisis.

Para peor, el PJ fue pagando la deuda en dólares que dejó Mestre, el default técnico en el que entró el municipio es la antesala de un mayor ajuste de conjunto. En lugar de investigar y no pagar la deuda, Llaryora continuará gastando recursos en una deuda por la cual el pueblo cordobés no vio ningún beneficio.

Es necesario rechazar la represión como respuesta a los legítimos reclamos de las y los trabajadores municipales. La criminalización de quienes luchan no pasará, libertad a los presos por luchar.

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