Lorenzo Miguel ha decidido convertirse en un “adelantado”, pues no ha esperado la sanción  de la ley de “reforma laboral” para firmar con la patronal de la rama bronceros, orfebres y afines un convenio que acepta “la contratacion temporaria de seis meses hasta un máximo de dos años”. Durante ese lapso de 6 meses, la patronal paga la mitad de los aportes previsionales y sociales que marca la ley, y al terminar el contrato, el trabajador es despedido sin preaviso ni  indemnizacion.

Lorenzo firmó también una cláusula de  “paz social”, “que impide al gremio efectuar medidas de fuerza hasta el vencimiento del acuerdo” en noviembre de 1994 (El Cronista, 17/11).  Los salarios pactados hablan por sí solos:  $ 1,47 la hora para el operario, $ 1,84 para el especializado y 2,19 pesos para el oficial. Menos de 300 pesos mensuales.

Lorenzo  se apresta ahora a repetir la  “hazaña”  en la rama automotriz, algo que llenó de alegría al patrón de Sevel,  Macri, y al ministro Enrique Rodríguez (Ambito, 17/11).

Todo esto significa que la burocracia ya ha dado su visto bueno a la ley de “reforma laboral” que el gobierno espera sancionar el mes que viene. Esta ley elimina la jornada de 8 horas, las vacaciones, las horas extras, los estatutos especiales; incorpora un período de 3 y 6 meses de prueba, achica la indemnización por preaviso y despido y permite que se estipulen condiciones de trabajo y salarios inferiores a los que marca la propia ley.

La burocracia fue pavimentando toda esta entrega mediante la incorporación en los últimos convenios de decenas de cláusulas y disposiciones reaccionarias. “Es así como en su mayoría los nuevos acuerdos habilitaron en forma casi masiva la negociación por ramas o empresas. En 18 industrias de gran gravitación económica y laboral los convenios se descentralizaron en 85 ramas, a la vez que 11 convenios habilitaron a casi 7.000 empresas para determinar con sus empleados el salario en función de normas de productividad” (Clarin,14/11). Además, “la mitad de las cláusulas de productividad están referidas a la reducción de costos por rebajas de beneficios laborales anteriores, menor recargo en el pago de horas extras, modificación en el otorgamiento de las vacaciones, cambio de horarios, incorporación de personal con contrato temporario, incremento del tiempo efectivo de trabajo por modificaciones en las licencias, feriados, reglamentación de la actividad sindical e incremento de los tiempos operativos” (idem) (cursiva de P.O.).

Los trabajadores no fueron consultados en asambleas y plenarios para aprobar esta artillería de disposiciones antiobreras, que se verán reforzadas con la aprobación de la  “reforma laboral”.  La burocracia se ha manejado a su antojo. En las próximas luchas, los trabajadores ajustarán cuentas con patrones y burócratas por igual.

El Partido Obrero plantea al conjunto de la izquierda iniciar una vasta campaña contra la ley “laboral”, por la derogación de todas las cláusulas antiobreras de los convenios y por el aumento de salarios.