En un texto de fecha 20 de noviembre de 1995, las cámaras patronales (FATAP, AAETTA, CETAP, entre otras) denunciaron “el convenio colectivo 460/73 y sus actas complementarias y manifiestan su solicitud de iniciar negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa”.

Según versiones coincidentes, la patronal y la dirección de UTA habrían acordado constituir la paritaria para agosto próximo.

Los 64 puntos que las cámaras patronales quieren negociar, no dejan en pie una coma del régimen laboral establecido en el convenio del ‘73 y consagran todas las normas de superexplotación que se han impuesto en las líneas. El propósito, sin embargo, es ir mucho más allá de este blanqueo, pues las patronales reclaman cambiar, entre otros puntos, las normas de convenio sobre “jornada de trabajo” y la posibilidad de establecer la “jornada de trabajo continua o discontinua”, la “movilidad horaria”, la “obligación de prestar servicios en horas extraordinarias”, las “licencias”. Es decir, liquidar la jornada de ocho horas, el régimen de horas extras y las vacaciones, y la reducción de salarios.

En el ‘pliego’ de las patronales aparece, entre los primeros puntos, la discusión sobre “contenido del convenio y personal comprendido” y “trabajadores excluidos”, lo que adelanta el propósito de derivar sectores enteros de las empresas a contratistas (que son, en muchos casos, subsidiarias de las propias patronales) que pagarán salarios inferiores a los vigentes y serán un frente de presión para hundir más el salario de los choferes. Existe en la actualidad un proceso de ‘tercerización’ por el que se está derivando talleres, tareas de mantenimiento y otras áreas, a empresas fuera del alcance del convenio colectivo.

La patronal propone discutir el “régimen de despido” y sujetar el salario a la intensificación del trabajo y a la asistencia (“principio de polivalencia funcional”, “cálculo del valor hora y diario…”, “premio a la asistencia”) e incluso la “modificación salarial” (reducción de salarios en tiempo de crisis).

Régimen de las Pymes

El plan patronal encuadra la negociación colectiva “en el ámbito de la pequeña empresa”, cuyo régimen, aprobado en 1995, admite los contratos de seis meses a dos años sin pagar aportes sociales. Las Pymes pueden, de acuerdo a este régimen, otorgar vacaciones en cualquier época del año y fraccionarlas, y partir el aguinaldo en trimestres (el texto de las cámaras del transporte plantea discutir “aprendices” y “sueldo anual complementario”). La ley de las Pymes sustituye las categorías por la “movilidad plena”, que es exactamente lo que quiere cambiar la patronal en el punto “categorías y tareas”. La ley de las Pymes, junto a la de contratos de trabajo, terminó con lo poco que quedaba de derecho laboral.

En el transporte automotor, donde está en marcha un agudo proceso de concentración empresaria, las patronales presentan a sus empresas seccionadas en varias ‘Pymes’ (máximo, 79 operarios) para acogerse a este régimen antiobrero. Las patronales pretenden incluso una discusión línea por línea, por eso el punto 3 del texto patronal plantea “Articulación. Módulo General. Niveles”, es decir, un “convenio marco” que habilite la discusión de salarios y condiciones de trabajo diferentes en cada empresa.

Está planteada, entonces, una batalla fundamental. La dirección de la UTA ha mantenido al gremio en la ignorancia de esta situación. Las patronales han planteado abiertamente su política. Hay que dar a conocer la ‘nuestra’: oponer al convenio negrero la elección de paritarios en asamblea y la discusión del convenio único para todos los trabajadores del transporte, para arrancar el salario mínimo de 1.200 pesos, la defensa de la jornada de ocho horas, la estabilidad laboral y el reparto de las horas de trabajo frente a los despidos.