La “escalada” de accidentes —cuya responsabilidad el gobierno atribuye a los choferes de colectivos— es, en primer lugar, consecuencia del caos y la falta de planificación urbana y social. La “urbanización”  de la Capital y el Gran Buenos Aires se ha regido por las leyes de la anarquía capitalista —que sólo tiene en cuenta los beneficios patronales—, que han determinado un anacrónico sistema de transporte, asentado en un déficit de infraestructura pública y de servicios de transporte rápido y barato (subtes y FF.CC.) en favor del parque automotor individual.

La segunda causa es la “flexibilización laboral” y la superexplotación de los choferes.

La “flexibilización” en el transporte ha significado la degradación del conductor “profesional”, transformado crecientemente —como dicen los choferes— en “un repuesto más, descartable” y “el más barato”. El resultado ha sido el incremento de la precariedad laboral, expresado en la contratación de personal temporario, sin experiencia, y la superexplotación  manifestada en el retorno al trabajo sin libreta, lo que les permite a las patronales violar regímenes legales de descanso y goce obligatorio de francos.

Las patronales, además, sólo reconocen las prescripciones de “sus” médicos, que desconocen sistemáticamente las enfermedades que provoca la actividad estressante del volante. El chofer oculta sus enfermedades ya que los patrones sólo pagan los días caídos que ellos reconocen. Los “controles” oficiales pavimentan esta tarea y la legislación vigente permite el despido por “justa causa” o la “inhabilitación” del trabajador desahuciado por el deterioro de su salud.

Las normas capitalistas obligan al trabajador a laburar en cualquier estado, pero no hacen responsable a las patronales por los eventuales riesgos de la tarea del chofer. Las patronales no están obligadas a cubrir a los choferes ante eventuales siniestros; por el contrario, obligan a los trabajadores a contratar un seguro para “protegerlos” ante posibles reclamos penales o inhabilitaciones.

Meses atrás, el gremio del transporte arrancó una importante reivindicación —la instalación de las máquinas expendedoras de boletos— que atenuó en parte el régimen infernal de trabajo del chofer. Pero las patronales intentaron revertir esta conquista reforzando los regímenes de “velocidad comercial”, que obligan al chofer a cumplir horarios incumplibles a cualquier precio. Los accidentes son la consecuencia de la voracidad patronal.

La tarea número uno de la hora es poner en pie un movimiento de defensa del trabajador del autotransporte. Un programa elemental debería partir de la obligación del trabajo por libreta y de la discusión paritaria, entre trabajadores y patrones, de los diagramas de cada recorrido, quebrando la norma capitalista de la “velocidad comercial”; hacer cumplir la norma que no se corta más boletos, estableciendo que allí donde no está la maquinita, la patronal debe colocar un guarda. Hacer valer estos reclamos ultrabásicos, exige romper la parálisis de la dirección de la UTA, que como el tero pone el grito contra la nueva ley de flexibilización de las PYMES para despistar, porque los huevos para luchar contra la “flexibilización” concretita, que rige ya en el transporte, no  aparecen por ningún lado.

Asambleas por línea y plenarios de delegados con mandato de asambleas, para organizar la resistencia y un plan de lucha que derrote la “flexibilización”  laboral en la UTA, que juega con la vida de los choferes, pasajeros y vecinos.