El número de accidentes laborales mortales se ha multiplicado por diez —sí, por diez— desde la aplicación del nuevo régimen de Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Tal es la información que proporciona la propia Superintendencia del ramo en una reseña sobre los primeros seis meses de vigencia del nuevo sistema (julio a diciembre de 1996).

Según el informe, “anualmente mueren 1.000 personas por accidentes de trabajo” (Clarín, 18/9) contra 100 casos que se registraban antes de la aplicación del régimen de las ART. En todas las categorías, los accidentes alcanzan niveles récord: en total, son 320.000 por año, casi mil por día.

Con todo, estas cifras son apenas un pálido registro de la barbarie que significa el nuevo régimen. Esto porque con la vigencia del régimen de las ART, se eliminaron las enfermedades-accidente, y las enfermedades profesionales quedaron limitadas a un número reducido, que no incluye la lumbalgia ni las várices (que son las más numerosas y frecuentes).

El régimen de las ART convierte a la propia vida del obrero en un ‘costo laboral’. En este marco, la política capitalista de la ‘reducción de los costos laborales’ significa, de una parte, la liquidación de las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral, lo que explica la verdadera ‘explosión’ en el número de accidentes ocurridos bajo el nuevo régimen. De otra parte, significa la reducción general de los montos indemnizatorios y el ‘reemplazo’ de la indemnización para los accidentes graves por el pago de una ‘renta’ mensual de 150 a 200 pesos. En caso de fallecimiento, la pensión a la viuda es de 260 pesos.

La barbarie del nuevo ‘régimen de accidentes laborales’ salta a la vista con lo siguiente: para las ART es más ‘económica’ la renta por muerte que los gastos que le ocasionaría el pago de un tratamiento prolongado por un accidente grave o una enfermedad profesional permanente.

Otra cosa más: ha quedado al desnudo la mentira de que el sistema de seguro privado de accidentes forzaría a las empresas a mejorar las condiciones de seguridad laboral.

Un escándalo que acaba de estallar en Uruguay pone al descubierto este mecanismo capitalista de destrucción de la salud obrera: una curtiembre de capitales alemanes utiliza, de manera sistemática y masiva, sustancias venenosas para el tratamiento de los cueros, lo que ha ocasionado enfermedades pulmonares permanentes e irreversibles a la totalidad de sus trabajadores. La curtiembre, sin embargo, sigue abierta con “el aval del Ministerio de Trabajo” (La República, 14/9), que actuó bajo la directa presión de la embajada alemana. Bajo amenaza de despido, los obreros fueron intimados a no realizar demandas judiciales contra la empresa.

¿Qué tiene que ver lo de Uruguay con la Argentina?

En primer lugar, la empresa en cuestión tiene una sucursal de este lado del Río de la Plata, que seguramente opera con un régimen similar. Con el agravante de que en la Argentina no son necesarias las intimaciones patronales para que los obreros no recurran a la justicia: es el propio régimen de las ART, en una disposición claramente inconstitucional, el que prohíbe a los trabajadores realizar juicios por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

En segundo lugar, el mecanismo que encadena a los obreros uruguayos a la curtiembre que los mata es el mismo que encadena a miles de trabajadores argentinos: la presión de la desocupación y de la miseria los empuja a aceptar empleos en condiciones sanitarias denigrantes, que destruyen su salud para siempre, ya sea por un accidente o por una enfermedad profesional permanente. En otras palabras, son obligados a ‘cambiar salud por trabajo’.

La conclusión es más que evidente: estamos en presencia de una consciente masacre social para engordar los beneficios de los grandes capitalistas.