Bajo la excusa de reducir el déficit fiscal, los ministros Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra realizaron un anuncio conjunto el viernes pasado que incluye el congelamiento de los ingresos al Estado por dos años, la no renovación de 7000 contratos bajo la modalidad de convenios por asistencia técnica con las universidades, recortes presupuestarios en entes descentralizados como el INCAA, y reducción de fondos para las empresas públicas, entre otras medidas (Clarín, 2/6). Según otros trascendidos mediáticos, el plan implica reducir 30.000 puestos de trabajo de acá a fines de 2019 y también busca una reducción salarial mediante el recorte de horas extras.

 

Si bien el anuncio incluye ajustes para los funcionarios, ya que reduce gastos en pasajes de avión o en choferes, el impacto fiscal de esas medidas es mínimo. No es más que una mascarada para avanzar sobre la población trabajadora como parte del acuerdo que preparan con el FMI.

 

El gobierno ha recurrido en reiteradas oportunidades a realizar anuncios de ataque grandilocuentes que luego ejecuta en parte, ya que debe retroceder como producto de la respuesta de los trabajadores. Incluso había dejado trascender que este plan se ejecutaría como “shock” durante el mundial, pero ahora queda programado de acá hasta fines de 2019. La última tentativa de despidos masivos dio cuenta de una respuesta por parte de los trabajadores de Agroindustria, Senasa y Agricultura Familiar, conflictos que el gobierno no ha podido cerrar y en los que incluso ha tenido que empezar a ofrecer reincorporaciones.

 

Es de suponer que el macrismo vuelva a incurrir en su táctica de disparar sobre varios flancos para avanzar parcialmente en algunos de ellos. Su principal preocupación hoy en día es hacer pasar una paritaria a la baja, que ante la primer propuesta del 12% en tres cuotas, despertó un repudio generalizado entre los estatales. Hasta el siempre oficialista UPCN tuvo que rechazar la oferta por primera vez desde la vuelta de las negociaciones paritarias.  

 

El cuadro de creciente repudio a los planes de Macri y el FMI entre los estatales debería ser aprovechado por las conducciones sindicales para dar un viraje en cuanto al accionar que han tenido hasta el momento.  Sin embargo, tanto ATE Capital, como ATE Nacional, han promovido medidas aisladas, sin preparación y sin continuidad, que llevan a la desmoralización de los trabajadores.

 

El triunfo de los docentes en Neuquén demostró que se puede derrotar a la política del gobierno y que los trabajadores están dispuestos a hacerlo. Porque si algo se destacó en los más de 50 días de conflicto, fue el desenvolvimiento de un método de intervención del conjunto de la docencia que, asamblea tras asamblea, defendió sostener una huelga por tiempo indeterminado hasta ganar.

 

Quienes llaman a esperar a 2019 para votar por los que ajustan en Santa Cruz, Salta o Río Negro, o quienes, una vez más, quieren recrear un espacio electoral de centroizquierda, menosprecian la fuerza de los trabajadores y sobrevaloran la fuerza del gobierno.

 

Desde Tribuna Estatal llamamos a realizar asambleas sin distinción de afiliación en todos los lugares de trabajo, para realizar medidas de rechazo a la política del macrismo. Utilizaremos la convocatoria al paro de la CTA del 8 y el de ATE Capital del 12, para organizar a los trabajadores sector por sector, recogiendo mandatos de base. Es necesario que los sindicatos convoquen asambleas y plenarios, con estos mandatos, para votar un verdadero plan de lucha. Es la perspectiva que impulsa el Plenario Nacional de Trabajadores que convoca el Sutna y los sindicatos combativos para el 23.