La decisión tomada por Néstor Kirchner en 2005, al descabezar primero la cúpula de la Fuerza Aérea para luego crear la Anac en 2007 fue una salida de emergencia ante un cuadro plagado de corrupción, contrabando y narcotráfico. La cúpula militar había participado de innumerables negociados, vinculados con la seguridad aeroportuaria con la privatización menemista. Es el caso del capitán de fragata Donda Tigel hoy condenado a perpetua en la causa Esma por 62 crímenes, quien bajo Alfonsín revistaba como agregado militar en la embajada argentina en Brasil, para regresar como socio de Yabrán en las diversas empresas que controlaban la seguridad y las cargas aéreas (Tecnipol, Interbaires).

Detenido por apropiación de menores, continuó dirigiendo la empresa TAS, luego involucrada en el escándalo de Southern Winds por contrabando de 60 kilogramos de cocaína a España. Este hecho provocó el desplazamiento de toda la cúpula de la Fuerza Aérea, lo que no impidió que siguieran operando con total impunidad. La empresa TAS, por caso, se ha reciclado en la tercerizada HAS y sigue bajo el control de Donda Tigel a través de testaferros, y el narcotráfico continuó a través de la base aérea de Morón -como el reciente caso del avión con 900 kilos de cocaína detenido en España en enero, lo que provocó la separación del comodoro Julia, hermano de los narcotraficantes detenidos.

La Cámpora, que reivindicó el control civil a través de la Anac como un éxito de la política de derechos humanos del gobierno de Néstor K, no puede dar respuestas a esta brutal regresión, pues sabe que en esta decisión no existe ninguna razón vinculada con la seguridad aérea; antes bien, se trata de ocultar el descalabro reinante en la materia y liquidar la organización de los trabajadores que lo denuncian.

Hace pocos meses, casi 600 controladores de origen militar renunciaron a su condición castrense para afiliarse a Apta, el sindicato de los técnicos, ya que como militares sólo tenían derecho a una asociación profesional.

A partir de un proceso de organización con elección de delegados, comenzaron a reclamar por las desastrosas condiciones en que desarrollan sus tareas -sin elementos idóneos por lo obsoletos, sin radares suficientes, con hacinamiento y problemas edilicios de todo tipo.

La resistencia a la militarización se ha extendido a todo el país, con asambleas repudiando la medida y el embanderamiento de las torres de control en Iguazú, Córdoba, Comodoro y Calafate.

Al devolver a la Fuerza Aérea el control de los vuelos comerciales, el gobierno no sólo prepara un Cromagnón aéreo; también profundiza un viraje general contra los trabajadores, sus condiciones laborales y sus organizaciones sindicales.