La burocracia sindical se ha largado masivamente a formar Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), las sociedades comerciales que manejarán el negocio de la jubilación privada. La delantera la tomaron las burocracias de la UOCRA y Sanidad (FATSA), quienes anunciaron un preacuerdo con la compañía de seguros Cenit, la empresa La Serenísima y la financiera norteamericana Relliance, y esperan incorporar a un banco internacional. La UOCRA y FATSA participan de la nueva sociedad con el 50%. También la burocracia de Luz y Fuerza, Seguros, UOM, Smata, Empleados de Comercio, están armando sociedades parecidas, junto a bancos, compañías de seguros, empresas y cámaras patronales. Se rumorea que Lorenzo Miguel se asociaría a Macri de Sevel.

Para autorizar la formación de esas nuevas empresas la burocracia está reformando los estatutos sindicales. Sin embargo, los sindicatos no participarían en forma directa en las AFJP sino a través de Fundaciones o sociedades comerciales paralelas. Por ejemplo, FATSA anunció la “constitución de una Fundación para la atención de los servicios sociales en general y expresamente para la administración y otorgamiento de Jubilaciones y Pensiones privadas” (Clarín, 5/11/93). ¿Por qué una Fundación especial? Porque a través de ella la burocracia espera controlar de por vida la nueva sociedad, sin verse afectada por un cambio  en la conducción del sindicato. Los burócratas pretenden que los trabajadores aporten a una AFJP del sindicato, pero éste en realidad no sería más que un anzuelo: 1) Se armaría a través de una Fundación controlada por burócratas, 2) sería manejada por los bancos y operadores, 3) los sindicatos pondrían la gente y las ganancias se las embolsarían los burócratas, los bancos y las compañías de seguros. Las llamadas AFJP sindicales no son más que empresas privadas bajo el control de los banqueros.

Pero hay más. Con el argumento de que se trataría de AFJP “sindicales”, los burócratas pretenden que los cuerpos de delegados las publiciten y que afilien a los trabajadores a esas AFJP. Pretenden convertir a los cuerpos de delegados en una “fuerza de ventas”  gratuita, para “competir”  en el “mercado de la jubilación privada”. Burócratas y banqueros se quieren “ahorrar” el pago de las suculentas comisiones de venta de este nuevo producto. Los delegados serían vendedores-esclavos de una burocracia capitalista, asociada a bancos y grupos económicos. Se calcula que las futuras AFJP pagarán a los vendedores unos 50 pesos por afiliación que obtengan, lo cual supone que los 200.000 afiliados que espera tener la AFJP de West Ocampo y Gerardo Martínez dejará de pagar comisiones a sus “vendedores” por unos 10.000.000 de pesos.

Automáticamente, los delegados se convertirían en voceros de la jubilación privada, un sistema que en realidad liquida la jubilación. La jubilación privada es un “ahorro” (confiscación) forzoso del trabajador —11% del salario– que administrarán bancos y compañías de seguros, quienes, sin embargo, no se comprometen ni garantizan ninguna jubilación. Ante todo, en forma directa, se quedan con el 35% del aporte obrero, por comisión de administración de un “capital” ajeno. Un trabajador que gana 1.000 pesos, aportará todos los meses 110 pesos, pero a su cuenta jubilatoria solamente irán 75 pesos, esto porque  35 pesos serán deducidos por la AFJP para sus gastos y ganancias. Esos 75 pesos se invertirán en títulos y acciones, sin ninguna garantía de rentabilidad. Mientras el beneficio de los dueños de la AFJP está garantizado de antemano (comisiones), el fondo previsional del trabajador dependerá de la Bolsa, no tiene ningún seguro, puede desvalorizarse y recién podrá saber exactamente qué jubilación privada tendrá el mismo día que se jubile.

Un estudio del Banco del Buen Ayre señala que con la deducción mensual del 30 o 35% del aporte obrero, resultará que al cabo de 20 años el fondo  será inferior a lo que el trabajador haya aportado, aunque obtuviera un rendimiento del 8% anual. “En resumen, estimado lector, dice el informe del Banco del Buen Ayre, después de 20 años de ahorros, el costo del sistema le habrá absorbido un monto equivalente a los rendimientos de su capital y en los primeros años el resultado será decididamente deficitario. Y esto sin ponernos tremendistas y no considerar riesgo alguno para los ahorristas, ni caída en los rendimientos esperados, ni la existencia de fondos ociosos” (Reporte Banco del Buen Ayre).

Por todo esto es que la jubilación privada es una estafa. Aunque diarios y revistas publiquen cuadros con el haber privado futuro, se trata sólo de simulaciones, porque nadie a ciencia cierta sabe qué valor tendrá en el futuro el aporte obrero.

El Partido Obrero llama a los sindicatos a rechazar la jubilación privada, un sistema confiscatorio del salario y de la jubilación, y denuncia a la burocracia como comisionista de los bancos. Llama a los cuerpos de delegados a no aceptar el rol de vendedores gratuitos de burócratas y banqueros. Llama a los delegados a rechazar este sistema confiscatorio, que deroga el 82%, y que compromete el futuro jubilatorio de todos los trabajadores.

El Partido Obrero plantea un sistema nacional jubilatorio en base al aporte exclusivo de los patrones, con la garantía de una jubilación equivalente al 82% del salario y administrado por obreros y jubilados.