Diciembre de 2014 será recordado por la gran huelga general de 3.000 químicos de una treintena de empresas en defensa de sus compañeros de TFL, que los patrones pretenden vaciar.

La huelga despertó franca simpatía entre el pueblo trabajador de la zona, harto de cierres totales y parciales de empresas: Witcel, Clariant, Lanxess, entre otras. Siderca acaba de despedir a 300 compañeros contratados, casi el 10% de la fuerza laboral, sin una respuesta de la UOM, cuyo secretario general insiste en que tomar medidas en defensa de los despedidos es "funcional a la empresa". Ha llegado al colmo de reclamar a los químicos en paro de Praxair que reanuden la provisión de oxígeno y argón a Siderca para que no se interrumpa la producción de acero.

 

Entre los trabajadores hay una fuerte conciencia de la necesidad de la defensa de los puestos de trabajo. La huelga química se levantó con la promesa del gobierno de garantizar la continuidad de TFL y el respeto a los derechos del nuevo sindicato de jerárquicos. Ni lo uno ni lo otro: Ambienza y Atanor despidieron; Agrofina (ex Ipesa) lo hizo con el secretario general de los jerárquicos y ahora con diez huelguistas; Carboclor y otras amenazaron con el cierre si la huelga retomaba al vencer la conciliación, el 31 de enero.

 

Por supuesto, el gobierno desconoció sus promesas y no reaccionó frente a las mencionadas provocaciones. Los trabajadores retomaron las medidas, votando nuevas marchas y paros de 48 horas en plenarios de delegados y una masiva asamblea general, mientras continúan las provocaciones patronales.

 

En medio del conflicto, la ministra de industria Débora Giorgi descalificó la huelga, poniéndose del lado de la cámara química y otras afectadas por la lucha.

 

Hay que respaldar con todo la pelea por frenar los despidos y por las reincorporaciones. Las patronales, acaudilladas por Siderca, tienen el objetivo de atacar el salario y las condiciones laborales, y se valen para ello de los despidos. En el caso de la siderúrgica, con el verso de "desvinculación de contratados", muchas empresas tienen un gran colchón de obreros precarizados para estas ocasiones. Los despidos son, además, un factor de presión en favor de una devaluación y beneficios impositivos y subsidios.

 

La situación reclama una acción conjunta de todo el movimiento obrero de la zona, algo que a la mayoría de los sindicatos y las tenues CGT zonales no les pasa por la cabeza. El Partido Obrero ha lanzado una campaña por asambleas generales en los establecimientos y por un congreso de delegados de base de todos los gremios que elabore un plan de lucha por la reincorporación de todos los despedidos, el reparto de las horas de trabajo existentes entre todos los trabajadores, el reconocimiento como efectivos de todos los contratados y contra eventuales suspensiones.