El martes 22 se reunió el Consejo Directivo de la CGT para discutir varios puntos, entre ellos el tema salarial, el acto del 17 de octubre y los fondos de las obras sociales.

No sorprende la ausencia en ese cónclave de un debate sobre la necesidad de un plan de lucha en defensa de los salarios, los puestos de trabajo, la aplicación de protocolos obreros, la ofensiva patronal sobre los convenios. Temas que afectan al conjunto de los trabajadores.

Para la burocracia sindical la cosa pasa por otro lado: su precio por integrar la mesa del pacto social.

El punto relacionado con los recursos de las obras sociales es angular. La cooptación y regimentación de la burocracia sindical transcurre por múltiples caminos. La integración al Estado capitalista no es solamente ideológica. Tiene, además, una base material.

Recientemente la Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria de la Alimentación señaló que es el tema que más preocupa a los gremios de la actividad. Por supuesto que no acompañó el planteo con un reclamo de aumento general de salarios, lo que significaría una mejora en los bolsillos de todos los trabajadores y engordaría, por carácter transitivo, los recursos de las obras sociales.

La “imprudencia” de Gines

Recientemente el ministro de salud, Ginés Gonzalez García, cometió un “error” estratégico al anunciar un plan pergeñado en secreto con las direcciones sindicales que implicaba un aumento de los aportes obreros -léase: reducción salarial- destinado a las obras sociales. La CGT rápidamente salió a repudiar la “imprudencia” del ministro y el plan entró en crisis.

Alberto Fernández intervino personalmente. El presidente tiene en claro que necesita los favores y la contención de la burocracia para hacer pasar la ofensiva patronal. Convocó una reunión en la Casa Rosada donde el tema de los fondos sindicales fue excluyente. Posteriormente el gobierno anunció una serie de desembolsos por varios millones de pesos.

La burocracia aprovechó la volada y desempolvó un viejo reclamo: poner en pie un “pool de compras” de medicamentos con la intervención de todas las obras sociales y el Estado, una “redefinición” (entiéndase como restricción) del Programa Médico Obligatorio (POM) y la constitución de una Agencia de Evaluación Médica, que en los hechos actuaría como barrera frente a los reclamos legales de los afiliados. Los últimos dos puntos significan un ataque en regla a los trabajadores.

Obras sociales bajo control de los afiliados

El gobierno desembolsó hasta el momento más de $1.100 millones de pesos destinados a cubrir los tratamientos de pacientes que requirieron internación; y prometió un nuevo desembolso para los costos de los pacientes con atención domiciliaria. “En la SSS [Superintendencia de Servicios de Salud] reconocieron que los 1.1000 millones de pesos son apenas el primer desembolso de una inyección de recursos que se incrementará de manera exponencial” (Ámbito Financiero, 15/9).

Las partidas fueron giradas por la Superintendencia, que las distribuyó sobre la base de los “módulos Covid-19”, incorporándolos al Sistema Único de Reintegros (SUR). Este es un punto central ya que el SUR, destinado a cubrir los costos de tratamientos y medicamentos más costosos, es un mecanismo utilizado por todos los gobiernos, vía distribución discrecional de los fondos, en función del alineamiento de las direcciones sindicales. Un mecanismo de regimentación.

Otro aspecto esencial del problema, y que ningún burócrata denuncia para evitar la autoinculpación por acción u omisión, es que el desfinanciamiento de las obras sociales es una política de Estado. La alta tasa de informalidad, el desempleo, los salarios de pobreza, la evasión de las patronales, las rebajas de aportes patronales desde los ’90 hasta la fecha son responsabilidad de todos los gobiernos capitalistas.

El acuerdo CGT-UIA de suspensiones con recortes salariales profundiza los problemas financieros de las obras sociales. Así como las paritarias a la baja que vienen firmando todos los gremios.

Los trabajadores necesitamos un aumento de salarios que coloque los mínimos de las escalas de convenio por encima de la canasta familiar, calculada en junio en $70.000. De esa manera, los fondos de las obras sociales aumentarían en proporción al salario.

Tenemos que rechazar el manejo de los fondos de las obras sociales de manera discrecional por parte de los gobiernos de turno. Las obras sociales y sus recursos deben estar bajo control de los trabajadores.

La lucha por recuperar las organizaciones obreras y ponerlas a disposición de los intereses de los trabajadores es estratégica y va a estar planteada cada vez con más fuerza conforme avance la crisis capitalista y la ofensiva de la burguesía. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero está al servicio de esta perspectiva.

https://prensaobrera.com/sindicales/comision-tripartita-de-formacion-profesional-otro-capitulo-del-pacto-social/