Tras varios años de letargo después de la derrota salarial  del año 2012, los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires vuelven a organizarse frente a la disminución de su sueldo y al empeoramiento de sus condiciones de trabajo.

El salario básico del empleado ingresante ronda en los $ 9000, que se incrementan  tras 1 año de antigüedad solo en un 3%. Ante esta realidad salarial, sumada al aumento de la inflación y a los ajustes llevados a cabo por el gobierno macrista, en febrero de este año comenzó un incipiente movimiento de pequeños grupos de empleados de cada uno de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, que a través de asambleas desarrolladas en los halls de entrada de los Tribunales, convocaron a todos los trabajadores a unirse al reclamo salarial, mientras el Poder Ejecutivo Provincial, a quien corresponde el pago de haberes,  se mantenía en silencio.

Es importante destacar que los empleados del Poder Judicial de la Nación, con el mismo cargo y la realización de las mismas tareas que los empleados provinciales tienen una remuneración del doble o hasta el triple, y este año consiguieron un aumento salarial del 30%. Entonces, el principio constitucional de “a igual tarea, igual remuneración” no se aplica en la justicia argentina.

Finalmente, a fines de marzo llego la primera convocatoria a la Asociación Judicial Bonaerense para discutir el aumento salarial de este año. El ofrecimiento de la Gobernadora Vidal fue un miserable 15%, que para muchos trabajadores representa un aumento salarial solo de $ 1000.

La propuesta fue rechazada de forma masiva por las asambleas de todos los departamentos judiciales. Llegado el mes de abril y luego de cuatro infructuosas reuniones con el Poder Ejecutivo, que dio por terminadas las negociaciones con una oferta final del 21%  de aumento salarial anual, la pérdida de poder adquisitivo comenzó a sentirse en los bolsillos de todos aquellos trabajadores judiciales que hasta el momento no habían adherido a la lucha salarial.

De esta manera, muchos empleados se fueron sumando de a poco a las asambleas diarias en tribunales y a las movilizaciones convocadas por la Asociación Judicial Bonaerense conjuntamente con los empleados de ATE, la CICOP y demás empleados estatales.

Un dato no menor fue el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados (jueces y fiscales), que denuncio a los magistrados que persiguen a los trabajadores que adhieren al paro , poniendo de relieve la profundidad de la crisis.

El conflicto salarial fue agravándose semana a semana y muchos trabajadores más fueron sumándose a las medidas de fuerza, votando masivamente en asamblea paro y movilización por 48 horas en varias oportunidades durante los meses de marzo y abril. El jueves 7 de abril se realizó una movilización de más de 2000 trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires  al Ministerio de Economía en La Plata con el apoyo y acompañamiento de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora y muchos funcionarios judiciales, que por primera vez adhieren al reclamo salarial de los empleados y participan activamente en las asambleas. La movilización dio lugar a una nueva convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, que no solo no realizo una propuesta mejoradora, sino que ofreció un porcentaje inferior.

En este marco de provocación y frente a las denuncias de abogados y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y los descuentos realizados por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, los judiciales continúan discutiendo en asambleas y organizando paro total de actividades y movilizaciones para las semanas próximas con la consigna de que el salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste del gobierno.