Los luchadores a juicio oral

Desde hace cuatro años, en la plaza Amaya (Constitución y Colombres) se reúne la Asamblea de Vecinos y Trabajadores Ocupados y Desocupados “Boedo en Lucha”. Nuclea a más de 200 familias del barrio, que allá por 2002 se organizaron para defenderse de los continuos ataques de los gobiernos de turno.

Con el tiempo, la Asamblea maduró y comprendió que era necesario formar parte de una organización de lucha de alcance nacional, que levanta un programa reivindicativo y político. Por eso, a partir de julio de 2003 pasamos a integrar las filas del Polo Obrero. A partir de esta resolución, la Asamblea comenzó a recibir constantes ataques e intimidaciones, primero de parte de la brigada de calle de la Comisaría 10ª, y posteriormente por espectaculares despliegues policiales que tenían la intención de amedrentar y dispersar a los asambleístas. A los ataques respondimos con más lucha y organización. Por la vía administrativa trataron de encorsetar nuestras reuniones con pedidos de permisos a organismos estatales.

Ahora, el Gobierno de la Ciudad nos lleva a juicio oral en la Fiscalía Contravencional de la Ciudad. El juicio comenzó el 28 de abril; ese día marcharon al tribunal más de cien compañeros, con banderas del Polo, del PO, de la Fuba y de distintas asambleas.

La intimidación policial no ha cesado, la Fiscalía Contravencional a cargo del doctor Galante envió en varias oportunidades patotas de civil de la Policía Federal, que han intentado suspender nuestras reuniones, alegando ruidos molestos. ¡Qué cretinismo! Nunca llevaron elementos para efectuar un peritaje. Nuestras reuniones se realizan en uno de los lugares más ruidosos de la Capital Federal, ya que la plaza es lindante con la autopista (Ausa). A esta empresa no se le endilgan “ruidos molestos” o vibraciones que ponen en peligro la estructura edilicia del barrio de Boedo. En cambio, a los vecinos y trabajadores que nos organizamos en la Asamblea, el gobierno nos lleva a juicio.

¡Hipócritas! Los responsables políticos de Cromañón quieren cercenar nuestros derechos aplicándonos un artículo de ruidos molestos del Código Contravencional.

¿Le aplicarán el mismo trato a los subtes de Benito Roggio, donde es imposible viajar todos los días sin quedar sordo?

¿Le aplicarán a Chabán los “controles” que hoy nos quieren imponer?

Esto se trata lisa y llanamente de una tentativa violatoria del derecho a organizarse y reunirse de los luchadores populares, a veces con argumentos legales; otras, aplicando políticas represivas abiertas, como a los petroleros de Las Heras.