Después de veinte días de una huelga durísima, sostenida con piquetes, manifestaciones y enormes muestras de respaldo popular, los metalúrgicos de Tierra del Fuego le han impuesto una importante derrota a las patronales electrónicas y al gobierno menemista. Lograron la reincorporación de todos los huelguistas despedidos, entre los que se encuentran los principales delegados y activistas del gremio. Impusieron un aumento salarial; el reclamado “3 por 1”, que regirá plenamente en junio de 1995 (y no dentro de tres años, como habían “ofrecido” inicialmente las patronales). A partir de enero, todas las patronales pagarán el “2,8 por 1”, y hasta entonces Philco y Sanyo pagarán un coeficiente del 2,5, y Noblex, Aurora Grundig y Continental del 2,7. La diferencia hasta llegar al “3 por 1”, será cubierta por premios. Según Clarín (5/5), antes de la huelga, los premios y las horas extras componían el 30% del salario de bolsillo; ahora,  llegarán apenas al 11%.

La huelga, por lo tanto, le impuso un golpe clarísimo a la “flexibilidad” y al conjunto de la política salarial del gobierno y de la burguesía, para la cual el aumento de los ingresos del trabajador debería provenir exclusivamente de su superexplotación. No en vano Clarín  (5/6) tuvo que decir, después del acuerdo, que “pocos conflictos como los de Tierra del Fuego han desafiado tanto tiempo las directivas políticas y económicas del gobierno”.  En la medida en que los trabajadores han obtenido un aumento salarial al margen de nuevas marcas de “productividad”, impusieron una derrota a la política oficial de la burguesía.

La victoria de los metalúrgicos fueguinos se asentó en el papel que jugaron, desde el primer día, los piquetes de huelga. El regreso de los “piqueteros” al trabajo constituye una derrota muy importante para las patronales.

El levantamiento de la huelga

Cuando en los primeros días de junio —y después de quince días de lucha— las patronales comprendieron que no podrían derrotar a la huelga por la fuerza, pegaron un viraje y establecieron una política para encubrir su retroceso frente a los huelguistas y para sentar las bases de una futura contraofensiva.

Establecieron como condición ineludible que el “3 por 1” no se estableciera en forma directa sino en una serie de etapas en el transcurso del año, “lloraron” por la “crisis” por la que atravesaría la industria para que el gobierno provincial adelantara el cronograma para la supresión del impuesto a los ingresos brutos; exigieron el reconocimiento por parte de la dirección sindical de los “sistemas de productividad” y de “acuerdo por empresa” y el establecimiento de una cláusula de “paz social”.  Cada una de estas exigencias tenía como objetivo establecer un límite al retroceso que estaban obligadas a dar frente a la huelga y a fijar los mojones de un futuro contraataque. Tal es la importancia que la burguesía le otorga al mantenimiento de estos “principios”, que La Nación (4/6), en un artículo editorial, caracteriza el acuerdo como “una conclusión feliz” a causa del “compromiso de los trabajadores de no impugnar los mecanismos de promoción de la productividad existentes”.

Las patronales exigían, además y como condición fundamental, que todo este “paquete” fuera establecido en Buenos Aires, mediante un acuerdo ratificado por el gobierno y la dirección nacional de la UOM, y de ninguna manera condicionado a lo que decidiera ulteriormente la asamblea en Tierra del Fuego.  Por eso, Marcelo Sosa —secretario general de la UOM Ushuaia— y  la directiva local fueron a la asamblea de Ushuaia no con una “propuesta” patronal, sino con un acuerdo político cerrado, que los obreros debían rechazar o aprobar en bloque.

En una asamblea maratónica, el acuerdo fue votado a favor por unos 1.000 trabajadores, que pusieron en primer plano las ventajas económicas logradas. Sin embargo, “un grupo minoritario pero importante” —según lo define Clarín (5/6)— de unos doscientos activistas de vanguardia, vieron más lejos; es decir,  la maniobra política montada por las patronales y convalidada por la burocracia, que se escondía detrás del acuerdo político establecido en Buenos Aires,  y lo rechazaron abiertamente.

Para el activismo de base fueguino, la asamblea que levantó la huelga demostró que Sosa y la dirección local de la UOM se colocaron en el campo de la burocracia sindical y de su política de colaboración de clases, al haber aceptado un acuerdo antes de que fuera debatido por la asamblea, en el cual se comprometen al mantenimiento del régimen de premios y de “flexibilidad laboral”, que va en contra de los principios históricos de la clase obrera.

Alza obrera y crisis política provincial

La huelga de la UOM fueguina puso de manifiesto un alza de las luchas en toda la provincia. Los delegados y activistas combativos de todos los gremios lucharon mano a mano con los metalúrgicos en los piquetes; se reunieron enormes cantidades de alimentos y leña para mantener los piquetes y las ollas populares en puerta de fábrica; los taxistas de Ushuaia —muchos de ellos ex metalúrgicos— pusieron sus autos y su sistema de comunicación a disposición de los huelguistas, e incluso actuando como un verdadero “servicio de inteligencia”  que seguía de cerca los movimientos de los colectivos con rompehuelgas, de los directivos de las empresas y de la policía provincial. Todo esto sin mencionar los grandes contingentes populares, en particular de trabajadores sindicalizados y estudiantes secundarios, que se sumaron a la gran marcha del 25 de mayo. Después del levantamiento de la huelga, Ate continúa en lucha por reclamos salariales, mientras los portuarios han comenzado un proceso de recomposición gremial, después de dos años de derrotas.

El gran perdedor de esta pelea es el gobierno provincial. Enredado en sus propias contradicciones, terminó desapareciendo de la escena. El gobierno del Mopof mandó a la policía a reprimir a los metalúrgicos de Río Grande y mantuvo acuartelada a la de Ushuaia, con la amenaza del juez de desalojar, pero la impresión que quedó del gobierno, no sólo en los metalúrgicos sino en la comunidad en general, es la de un gobierno débil e impotente, lo cual le ha abierto una profunda crisis política.

La lucha metalúrgica de Tierra del Fuego —apenas una semana después del “obrerazo” de los mecánicos del Gran Buenos Aires— ha venido a confirmar que, con la entrada en la escena política del proletariado industrial, el país ha ingresado en un giro político que tiene a los trabajadores y a sus reivindicaciones como principales protagonistas.